Radio América. Los contagios masivos de COVID-19 en los centros penales del país, podrían ocasionar demandas millonarias al Estado de Honduras, advierte el abogado penalista, Leonel Núñez.
Ayer las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), decretaron estado de emergencia en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, luego que un privado de libertad diera positivo de coronavirus, seis presentaran síntomas respiratorios y cuadro febriles, (fiebre).
“Este último caso de COVID-19 que ha sido detectado en el centro penal de El Porvenir, claramente nos indica que, aunque existe por parte de INP un protocolo cuando una persona es llevada a uno de estos centros, significa que cada director debe tomar con toda seriedad y responsabilidad el caso en vista que se está desconociendo cual debe ser el manejo cuando el Poder Judicial manda a una persona a uno de estos centros”, dijo Núñez.
El profesional del derecho indicó que la preocupación está cuando un privado de libertad lleva este virus a la cárcel donde se convive y se relaciona con más personas, porque el contagio puede ser masivo.
“Creo que debe el Gobierno tomar cartas en el asunto en vista que, al darse una pandemia dentro de los centros penitenciarios, lo que podría acarrear al Estado son demandas millonarias, incluso por los fallecimientos de personas por el descuido”, manifestó el experto en temas legales.
Es por ello que hace un llamado enérgico a los directores de centros penales a tomar con suma importancia y responsabilidad esto casos, porque si no, se puede desatar un contagio masivo dentro de las cárceles del país.
Con información de Estela Rovelo