RADIO AMÉRICA_. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, presentó este domingo un alarmante informe sobre la situación de inseguridad que enfrentan las mujeres en Honduras. Durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional, la magistrada reveló cifras contundentes que exigen una intervención inmediata del Estado.
Según los datos expuestos, las autoridades registraron un total de 14,685 denuncias por violencia doméstica durante el año 2025. Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor incidencia de estos casos, acumulando entre el 20% y el 25% de los reportes a nivel nacional. Obando lamentó que la violencia persista como una de las causas principales de muerte para las hondureñas.
Debilidades en investigación y justicia especializada
A pesar de la magnitud de la crisis, el sistema judicial enfrenta barreras críticas para castigar estos crímenes. La titular del Poder Judicial detalló que, de las 262 muertes violentas de mujeres contabilizadas el año pasado, el Ministerio Público judicializó únicamente 129 casos. No obstante, la cifra más preocupante indica que solo 10 de estas muertes recibieron la calificación penal de femicidio.
Por consiguiente, Obando subrayó la necesidad urgente de fortalecer la capacidad estatal para reconocer y sancionar estos delitos con el rigor que la ley exige. Además, informó que, aunque el 57% de las resoluciones en violencia doméstica favorecen a las víctimas, un 30% de los procesos terminan en abandono debido a las dificultades de acceso a la justicia.
Por otro lado, la magistrada solicitó al Congreso Nacional el respaldo total para aprobar las reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica. Esta propuesta busca cerrar los espacios de impunidad mediante un trabajo conjunto con la Policía Nacional y la sociedad civil. Asimismo, anunció la puesta en marcha del Observatorio de Justicia y Género para focalizar intervenciones en zonas de alto riesgo como Lempira e Intibucá.
Finalmente, la presidenta de la CSJ exhortó a los diputados a garantizar la asignación constitucional mínima del 3% de los ingresos corrientes para el Poder Judicial. Obando advirtió que el aumento del 20% en la carga penal y las crecientes demandas laborales contra el Estado requieren una inversión sólida para evitar el colapso del sistema.
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