Radio América – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos ha otorgado un recurso de amparo a favor de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC, a fin de evacuar dos medios de pruebas que no se admitieron en el proceso judicial en contra de los diputados acusados en el caso de corrupción denominado «Arca Abierta».
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el amparo fue presentado contra la resolución del 25 de enero de 2019 dictada por un juez natural designado y que conoció los elementos de la audiencia inicial en la acusación por malversación de caudales públicos a unas 20 personas, entre ellos diputados y exdiputados del Congreso Nacional.
El juez que llevó el caso no admitió dos medios de prueba, concerniente a un video y un audio porque de acuerdo al análisis se atropellaban garantías constitucionales, según indicó Duarte.
La Sala Constitucional establece que debe otorgarse el amparo y manda que se remitan los antecedentes al Tribunal.
Arca Abierta
En este caso, en la audiencia inicial el juez natural dictó auto de formal procesamiento a Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, por el delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, para Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
Entre tanto, dictó sobreseimiento provisional para Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, quienes fueron acusados por la UFECIC por el delito malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, sin el perjuicio de cualquier nueva actividad probatoria dentro del plazo fijado por la ley.
Y decretó sobreseimiento definitivo a favor de Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes, señalados inicialmente por malversación de caudales públicos.
Para el exdiputado Edwin Pavón se ratificó el sobreseimiento definitivo, por fallecimiento.
