Radio América. El Congreso Nacional aprobó la madrugada de este martes, tras una kilométrica sesión, el controversial dictamen de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, el diputado nacionalista, David Manaiza, manifestó que el nuevo marco jurídico no varía en mucho. “Más bien puedo señalar algunos retrocesos”, dijo.
El parlamentario mencionó que lo grueso de la Ley y en lo que la ciudadanía y la comunidad internacional mantenía sus expectativas sobre la despolitización del mismo no pudo ser posible.
Manaiza denunció que las iniciativas en los artículos 15 y 19 del dictamen original promovido por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia sobre requisitos e inhabilitaciones habrían sido suprimidos.
En ese sentido señaló que “queda la brecha” abierta para que los partidos políticos en el país continúen a merced de apoderarse de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
“El inciso b -sobre no ser miembro activo de un partido en los dos años anteriores a su autopostulación- fue quitado y en el c lo único que se le agregó es que las personas tienen que contar con sentencia condenatoria firme”, detalló.
En el tema de la matriz de evaluación, un elemento que también fue modificado, dijo que en el aspecto de idoneidad experimentó un porcentaje de aumento “pero se le bajó a los criterios éticos y morales, algo que contrasta con el desempeño del profesional del derecho”, comentó.
Manaiza expresó que las autoridades legislativas no quisieron tomar sugerencia para inhabilitar a personas que hayan sido mencionadas en listas negras de países amigos por problemas antidemocráticos y de corrupción.
De esa forma esperaría a que la Junta Nominadora ya establecida haga lo propio a fin de que lleguen los perfiles más idóneos ante el Pleno que en enero de 2023 escogerá a los 15 magistrados del máximo tribunal hondureño.
El diputado del Partido Nacional por Atlántida comentó que entre las novedades en la nueva normativa está la injerencia del Ejecutivo, puesto que la Secretaría de Transparencia aparentemente rectorará la sociedad civil para determinar quién representará el espacio entre la Junta Nominadora.