La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) de El Salvador demandó al presidente Nayib Bukele ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema por supuestas irregularidades en el nombramiento de dos funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Funde, que además es parte del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, impugnó así la designación de Luis Suárez y Gustavo Guerrero como comisionados propietario y suplente, respectivamente, en el IAIP en representación del sector periodistas.
De acuerdo con Funde, con la designación de estos funcionarios se violaron los principios de legalidad, coherencia, publicidad, motivación y «meritocracia» establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Para la organización, se dio una elección irregular de los funcionarios por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia al únicamente incluir a los candidatos de dos entes y dejar afuera a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La organización señaló que «la autoridad demandada (Bukele) violó la LAIP al elegir un comisionado propietario y suplente al Instituto únicamente con dos candidatos de tres exigidos por la ley».
«A partir de los extremos planteados en este apartado, se solicita a este tribunal declarar ilegal el acto administrativo en cuestión», señala la demanda de Funde.
El ente pidió a la Sala de lo Contencioso Administrativo que ordene a la Presidencia que en los siguientes proceso de elección de los comisionados del IAIP «se efectúe en cumplimiento del procedimiento legal establecido».
Además pidió como medida cautelar que los comisionados cuestionados «no puedan ejercer el cargo» y tampoco «ejercer ninguna de las atribuciones» que les otorga la ley.
Antes de los nombramientos impugnados, el IAIP ordenó al ministro de la Defensa, René Merino, que busque y entregue los archivos militares relacionados con la masacre de estudiantes de 1975 e intervenciones a la estatal Universidad de El Salvador (UES).
También abrió un proceso administrativo para sancionar al director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, por negarse a entregar datos sobre un polémico viaje a México. EFE
