(EFE).- Un grupo de organizaciones salvadoreñas e internacionales denunció este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos una serie de atropellos supuestamente cometidos por el Estado de El Salvador bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
«El estado de emergencia no fue una desviación temporal de las normas constitucionales y de los estándares internacionales de derechos humanos, sino la base estructural sobre la cual se han normalizado graves violaciones a los derechos humanos y la concentración de poder bajo la apariencia de legalidad», dijo en la audiencia pública el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock.
Bullock aseveró que, «después de cuatro años bajo un estado de excepción, el entorno de seguridad en el país de El Salvador se ha transformado» y «la violencia criminal de las pandillas ha sido reemplazada por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático».
«Mientras nosotros estamos aquí hoy, los salvadoreños continúan sufriendo abusos de derechos humanos; y nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado surgen regularmente», expresó.
El director de Cristosal agregó que «siguen surgiendo nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado», que según sus registros suman 513, de los que «420 han sido plenamente investigados y documentados».
Las acusaciones de supuestas violaciones a derechos humanos cometidas bajo esta polémica medida de emergencia, que suspende garantías constitucionales, han sido negadas en diversas ocasiones por el Gobierno de Nayib Bukele, incluso ante instancias internacionales.
En la comparecencia estuvieron además, Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador; Isabel Carlota Roby, abogada para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy; Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra, y Andrés Martínez-Fernández, analista para América Latina de Heritage Foundation.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
Bajo este régimen se registra la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 «inocentes».
En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. EFE
