Radio América. Continúa este sábado la audiencia inicial de los 12 pobladores del sector El Guapinol en Tocoa, Colón, acusados de varios delitos por su lucha contra una empresa minera.
Cabe mencionar que este ya serÃa el segundo requerimiento fiscal, porque en la madrugada de este dÃa un juez con jurisdicción nacional dictó un sobreseimiento definitivo por dos delitos a los imputados.
No obstante, en el segundo el Ministerio Público ha formalizado la acusación.
El defensor de derechos humanos Carlos Moisés del Cid quien ha estado en la audiencia indicó que el segundo expediente aparecido en la ciudad de La Ceiba, constaba de cuatro delitos como ser: Asociación IlÃcita, Robo, Incendio Agravado y Privación Injusta de la Libertad.
Cuestionó que todos esos delitos «maliciosamente» fueron denunciados por el Ministerio Público y por la Empresa Pinares, al señalar que los mismos no admiten medidas sustitutivas a la libertad.
En ese sentido, Carlos lamentó que «la FiscalÃa pareciera que al acusar por tales delitos considerados graves y con eso prácticamente el juez mandarÃa presos a los ciudadanos. Lo que quieren es montar un precedente contra los defensores de derechos humanos y de territorios donde se han dado concesiones para que dejen de estar luchando».
Para el entrevistado esas acciones de las autoridades judiciales son «dañinas, porque los campesinos lo que hacen es luchar por el agua que las futuras generaciones necesitarán. «Me parece que es una fuerte violación de los derechos humanos no solo de los ciudadanos presos sino también para la población en general del sector», aseveró del Cid.
Para Moisés, esos expedientes no debieron ser trasladados a Tegucigalpa sino ser atendidos por jueces de jurisdicción nacional por ejemplo: en juzgados de La Ceiba o en Trujillo, Colón, «pero parece que querÃan castigar a los compañeros para presentar un precedente de no seguir en la lucha, lo cual es una acción injusta de parte de las autoridades judiciales del Estado hondureño», finalizó el defensor de derechos humanos.
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