El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo su «exposición más amplia de los secretos financieros».
El extenso trabajo periodístico recibió el nombre de los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que «cubren cada rincón del mundo».
Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que «la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo».
Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de los 14 despachos de abogados de Los Papeles de Pandora: 11,9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Honduras
Porfirio Lobo Sosa.
Diario El País señalan que Lobo Sosa creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente. Los documentos también apuntan a una conexión con otras dos sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa. Lobo argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales.
El medio Contracorriente informa que el expresidente conformó una primera sociedad llamada Fandrow Investments S. A., y que fue creada el 7 de octubre de 2005 con un capital de 100 mil dólares, pero esta no fue constituida por el expresidente sino por un representante financiero.
Según la investigación, hasta noviembre del 2010, el expresidente tenía registradas dos nuevas sociedades en Panamá: Tyrell Overseas y Foxearth Investments S. A.
Rosa Elena Bonilla esposa del expresidente, según la investigación sale como beneficiaria final de la sociedad Portalegre Overseas S. A. al menos desde 2011.
Además, de su esposa, su hijo Jorge Lobo, también aparece en los archivos de la firma solicitando en octubre de 2015 la creación de una sociedad llamada Inversiones Napoc S. A. de la cual él sería beneficiario final.
«No tengo idea de qué es eso de esa empresa que mencionan en el documento adjunto», dijo Lobo a Contracorriente en referencia a la investigación.
En Pandora Papers, también figura Wilfredo Cerrato Durón, secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera en la administración Lobo Sosa, y que según la investigación solicitó en octubre de 2015 el registro de una sociedad llamada Inversiones Vallemar Internacional S. A. de la cual él sería beneficiario final.
Nasry Asfura
En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10,000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan “Tito” Asfura, según muestran los registros. Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes.
El banco que ayudó a Asfura a crear Karlane dijo a los periodistas que la empresa había sido utilizada para comprar tierras a la familia de Asfura y otras personas en Tegucigalpa para desarrollar un centro de negocios allí.
A través de un vocero, Asfura les dijo a los socios del ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente que él no es dueño de la empresa offshore y no tiene inversiones offshore.
Ricardo Álvarez
En la investigación, el exalcalde Ricardo Antonio Álvarez Arias, también aparece en los archivos y figura como accionista de la sociedad Netplum International Inc., creada en Panamá por la firma legal el 9 de agosto de 2006.
Hasta 2012, según un documento del bufete los únicos dos accionistas de la sociedad eran el entonces alcalde Álvarez con 5000 acciones y su esposa Lucrecia Mejía de Álvarez con las restantes 5000. Cuatro años después, en junio de 2016 y cuando Álvarez ya era el designado presidencial, un certificado idéntico confirmó que esa situación no había cambiado.
Según el medio hondureño, Ricardo Álvarez no contestó a las interrogantes hasta la fecha del cierre del reportaje.
La investigación señala que la posesión de sociedades offshore en sí no es evidencia de actividades irregulares, pero el hecho de que tanto Asfura como Álvarez figuraran como accionistas mientras eran servidores públicos abre interrogantes.
Con información de Contracorriente