Tegucigalpa, 7 oct (EFE).- Un juez de Tegucigalpa dictó detención judicial contra el hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga, quien es acusado del delito de lavado de activos y este viernes llegó al país extraditado desde Colombia, donde estaba preso desde 2019, informó una fuente judicial.
Matta Waldurraga fue remitido a las celdas de un batallón militar, en las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras, tras concluir la audiencia de declaración de imputado, indicó la Corte Suprema de Justicia en un mensaje en Twitter.
El juez de Letras con Jurisdicción Nacional fijó para el 12 de octubre la audiencia inicial contra Matta Waldurraga, que también tiene la nacionalidad colombiana.
El acusado, conocido también como «Monchito», fue repatriado este viernes desde Colombia por tener «alerta roja» de Interpol en el marco de la Operación Liberación, según la Policía Nacional de Honduras.
Con ello se da cumplimiento a una orden de captura en su contra emitida el 16 de junio de 2017 por un juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde comparecerá la tarde de este viernes en la primera audiencia, señaló el portavoz policial.
Matta Waldurraga es hijo del hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, quien fue capturado en Tegucigalpa en abril de 1988 por miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) y fue llevado a ese país, donde en enero de 1990 fue condenado a cadena perpetua.
Las autoridades de Honduras solicitaron en enero de 2020 a Colombia la extradición de Matta Waldurraga, quien viajó a ese país tras cumplir dos años de prisión en EE.UU. por cargos de narcotráfico.
El 7 de diciembre de 2017, Matta Waldurraga presentó su declaración de culpabilidad ante una corte de Nueva York y se declaró culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos.
Además de admitir su culpabilidad, el hondureño acordó con el juez Kiyo Matsumoto, que llevó su caso, entregar 1,7 millones de dólares.
Varios inmuebles de Matta Ballesteros, registrados a nombre de sus hijos, fueron asegurados en agosto de 2014 por las autoridades hondureñas, porque habrían sido adquiridos mediante acciones ilícitas, los cuales fueron devueltos en agosto de 2018. EFE
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