Radio América. La abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, solicita se le quite la nacionalidad a los hondureños que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Esto luego que los inversionistas estadounidenses Honduras Próspera y sus afiliadas confirmaran el arbitraje internacional contra el Estado de Honduras a quien podrían demandar por 10 mil 775 millones de dólares.
“La Procuraduría General de la República (PGR), ya tuvo que haber contratado una firma extranjera para que defienda al Estado de Honduras, pero además de eso yo le pido a la Procuraduría que haga lo que corresponde, que le quite la nacionalidad a todos esos pícaros que hicieron posible las ZEDE en Honduras”, demandó la parlamentaria.
Espinoza condenó que hondureños estén apoyando a extranjeros en contra del país; por otro lado, instó al Ministerio Público a enjuiciar a todos los «traidores a la patria” dado que aseguró es claro que el proyecto “espantoso» de las ZEDE va contra la forma de gobierno y territorio que son normas irreformables en la Constitución de la República.
La experta en leyes refirió el artículo 42 de la Constitución de la República que explica cuándo se pierde la calidad de ciudadano.
El artículo constitucional estable que la calidad de ciudadano se pierde por prestar servicios en tiempo de guerra a enemigos de Honduras o de sus aliados; por prestar ayuda en contra del Estado de Honduras a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.
Asimismo, por desempeñar en el país, sin licencia del Congreso Nacional, empleo de nación extranjera del ramo militar o de carácter político; por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular.
Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República; y, por residir los hondureños naturalizados, por más de dos años consecutivos en el extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.
La congresista dijo que en realidad se le debió haber ofrecido a estos inversionistas extranjeros un mecanismo alternativo para que mantuvieran su inversión en el país.
«No sé si llegaron a conversaciones, pero para mí debieron haber hecho eso dado que estos extranjeros han invertido en el país y se les hubiera ofrecido un esquema diferente al que tienen”, finalizó.
Con información de Héctor Murillo
