Radio América. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció durante la presentación de un informe a un año de gobierno, que enviará al Congreso Nacional una reforma a la Ley de Justicia Tributaria.
Al respecto se ha referido la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), la abogada Pola Díaz quien manifestó que no se oponen a que se realice una revisión y verificación de todo el estamento legal que regula las disposiciones de impuestos y exoneraciones en el país; no obstante, considera que esa verificación debe incluir al sector empresarial.
“El gobierno debe ver al sector empresarial como un aliado y hacer esas revisiones y verificaciones de forma conjunta, ya que la economía hondureña es sumamente frágil y no se pueden establecer disposiciones que lo que hagan es deteriorar más la economía hondureña”, expresó Díaz.
Reconoció que el gobierno tiene toda la atribución de acuerdo a las disposiciones legales que rigen en el país, de revisar las exoneraciones porque las mismas son otorgadas por el Estado a través de las legislaciones y, por ende, deberá hacerse un análisis de cuál es el coste beneficio de estas exoneraciones.
A su criterio, las exoneraciones son un incentivo para atraer inversión. Mencionó que Honduras es un país en vías de desarrollo y por tal razón, para atraer la inversión extrajera es necesario que se dé un incentivo de este tipo.
“Este incentivo trae beneficios para el Estado como la generación de empleo, es por eso que es necesario hacer el análisis técnico”, añadió.
Rememoró que en distintos gobiernos de la República se han hecho intentos para hacer una revisión a las exoneraciones y aseguró que desde la CCIT están en total anuencia de poder colaborar para tener un estamento jurídico y legal moderno y de acorde en el tema de impuesto que incluye las exoneraciones que “son muy importantes para incentivar la inversión extranjera”.
Por otro lado, dijo que si se toman medidas de manera unilateral, será necesario que las socialicen con el sector empresarial porque todos quieren lograr un desarrollo económico y social.
“No se puede desconocer que los empresarios son los que generan la mayor cantidad de empleos en el país, por lo que es necesario que se haga de forma socializada esa legislación”, remarcó.
Con información de Ricardo Castillo
