Radio América. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, indicó ayer que la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera contempla una posible demanda de 10 mil 700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras por daños y perjuicios.
En ese sentido el diputado de Libre, Jari Dixon, recomendaba en las últimas horas al Gobierno hondureño, denunciar penalmente a los ejecutivos de la ZEDE Próspera y a los funcionarios de la administración pasada que aprobaron las mismas.
“Ellos deben entender que no solamente hicieron o participaron en una acción mercantil, también cometieron delito porque sabían perfectamente que estaban colaborando con personas que habían violentado la Constitución de la República”, expresó.
El parlamentario de izquierda apuntó en torno al tema que lo anterior vuelve a la gente de Próspera “coautores” de un delito que no prescribe, cómo es la figura de traición a la patria.
“Aún sin ser hondureños han traicionado a la patria a través de funcionarios corruptos, entonces el gobierno para responder al arbitraje debería preparar acciones penales contra los ejecutivos de esta empresa”, subrayó.
El diputado Dixon expresó que el Estado de Honduras debe presentar demanda también a donde sea necesario, pues la garantía de la soberanía nacional no puede estar en riesgo.
“Además de haber violentado la Constitución de la República en complicidad de políticos corruptos, a parte de eso, no siguieron el procedimiento que ya establecía su propia ley ilegal”, externó.
El parlamentario es de la opinión que el proyecto de ZEDE Próspera tiene como fondo su intento de pretender establecer un Estado dentro de otro Estado. “Ese es un intento de dañar y querer desarticular el país”, finalizó.
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Con el reporte de: Héctor Murillo