(EFE).- La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a once inmigrantes indocumentados y a cuatro ciudadanos estadounidenses de fraude en beneficios sociales en el estado de Massachusetts por un valor total de más de 1,4 millones de dólares.
Entre los estadounidenses se encuentran Heriberto RodrÃguez, de Framingham (Massachusetts), acusado de fraude de pasaporte, robo de identidad y fraude al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), con pérdidas totales por más de 500.000 dólares; y Mirian Chalas, de Salem (New Hampshire), acusada de fraude a MassHealth, a SNAP y al Seguro por Discapacidad de la Seguridad Social por unos 300.000 dólares en total.
También figuran en la acusación del Departamento de Justicia (DOJ) Jennifer Ferran, ciudadana estadounidense residente en Haverhill, a la que se le acusa de robo de propiedad gubernamental, fraude al Seguro Social y suministro de información falsa por más de 29.000 dólares, asà como Owen Landry, también de Haverhill, que enfrenta cargos similares por más de 29.000 dólares.
InmigrantesÂ
Por su parte, entre los inmigrantes indocumentados están los dominicanos Santo Escolástico Cuello, de 56 años, acusado de robo de identidad agravado y de realizar declaraciones falsas relacionadas con un programa de salud de MassHealth, por 162.180 dólares; asà como Mario Báez Romero, de 45 años, con cargos similares por más de 75.000 dólares; Richard Odelis Vallegas Núñez, de 35 años, por 48.865 dólares; Miguel DÃaz Matos, de 54 años, por más de 60.000 dólares; Santo Tejada Sánchez, por 4.054 dólares, y Yahaira DÃaz Gómez, de 45 años, por 48.694 dólares.
El DOJ menciona además a cuatro inmigrantes anónimos, que figuran bajo el nombre de John Doe, también presuntamente en situación irregular, y a Mitul Patel, un ciudadano indio de 40 años acusado de conspiración para cometer fraude de visado en un esquema «donde se simuló un robo armado para solicitar visas U como supuestas vÃctimas».
AcusaciónÂ
Pese a que en la acusación figuran también ciudadanos estadounidenses, el fiscal general adjunto Colin M-Mcdonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, apunta a que estos casos «ponen de relieve un patrón más amplio y profundamente preocupante: la explotación de la red de protección de EE.UU. por parte de extranjeros en situación irregular».
Esto, subraya el fiscal, «conlleva costos reales y sustanciales para los contribuyentes estadounidenses y ejerce una enorme presión sobre nuestros sistemas de beneficios públicos».
Según informa el secretrario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) -en el comunicado del DOJ-, los inmigrantes acusados serán deportados del paÃs después de pasar por los tribunales. EFE
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