Radio América. El experto en derecho penal y radicado en Texas, Estados Unidos (EE.UU.), José Tercero Midence, se refirió esta mañana de miércoles al proceso que enfrenta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), en el país norteamericano por cargos de tráfico de drogas y de armas.
El especialista en derecho penal explicó que en el procedimiento federal existen varios requerimientos y muchas audiencias después de la presentación de la persona detenida.
En ese sentido, se le leen los cargos en la primera audiencia y se le consulta si tiene defensa, sino no es así, se le proporciona una. Las siguientes audiencias son únicamente de presentación, según expresó.
Por otra parte, indicó que la siguiente etapa es la “negociación” entre la Fiscalía y la defensa, dependiendo de la cantidad de pruebas existentes.
La Fiscalía expuso que están analizando 3 mil 500 piezas de pruebas para ser presentadas en el juicio contra Hernández que dará inicio el 24 de abril de 2023.
Ante esto, el experto dijo que se trata de 3 mil 500 elementos, no directamente pruebas, y que quien define la negociación entre la declaración de inocencia y culpabilidad es la persona detenida orientada por la defensa y tomando en consideración la evidencia que puede ser admitida o relevante.
Midence manifestó que no importa si son 3 mil 500 o menos elementos de prueba, porque en Estados Unidos no interesa la cantidad, sino cuantas pueden ser relevantes y admitidas en el juicio.
“Entonces si la defensa hace un análisis que existen algunas pruebas que pueden ser relevantes y admitidas en juicio y que no existe ninguna moción para suprimirlas, pueden sugerirle al detenido una negociación con la Fiscalía”, expuso.
Según aseveró, antes del juicio en abril próximo y de acuerdo al análisis que haga la defensa, se le puede sugerir al detenido que acepte o no cualquier condición que le presente la Fiscalía.
“En EE.UU. afortunadamente o desafortunadamente las personas pueden salir bajo fianza y en este caso, aunque la persona se encuentra inocente porque no ha sido declarada culpable, esos años o meses que ha estado en la cárcel pueden servir para cuando exista una preoferta o negociación con la Fiscalía; esos años dentro de la cárcel pueden ser tomados en cuenta”, amplió.
La defensa del exgobernante hondureño se quejó del «inseguro» traslado de Hernández a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el desarrollo de la audiencia preparatoria de ayer martes.
El profesional del derecho mencionó que la enmienda número ocho de EE.UU. no hace clasificación en el término social ni de lo que ha sido una persona.
Declaró que el juez Kevin Castel no solo lleva el caso de Hernández, sino muchos más. “Entonces, cuando se ve que el expresidente va con varias personas, no es porque exista o no un trato especial, sino porque el juez tiene varios casos en esa Corte”.
Además, dijo que la ley norteamericana no hace clasificación entre si es presidente o no.
Con información de Lesman Aníbal Morazán