El Periódico. “Estados Unidos se está adaptando a una realidad que habían querido evitar, a pesar de las dificultades que existían con el sistema de justicia de Guatemala”. De esa manera explica Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation (SIF), la nueva logística que el país norteamericano planifica abordar para el combate a la corrupción, no solo en Guatemala sino también en El Salvador y Honduras.
Eric Olson tiene a su cargo supervisar los acuerdos de la SIF con los principales políticos en Washington D.C. Con base en las constantes comunicaciones con los actores de influencia y toma de decisiones en la capital política estadounidense, Olson asesora a los socios que tiene en Centroamérica la fundación que representa. Esa dinámica lo ha llevado a conocer un poco más la alternativa que EE. UU. ha tomado después de que la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, removió a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Una decisión que provocó el recelo del Departamento de Estado, y a raíz de la cual se incluyó en la Lista Engel, el pasado 20 de septiembre, a Porras y a su secretario general en el MP, Ángel Pineda. Ahora ambos perdieron la confianza y la visa de Estados Unidos.
La ruta que toma el Gobierno estadounidense es la de activar la Fuerza de Tarea Anticorrupción. Solo que sin la colaboración de Guatemala, Honduras y El Salvador, como era la idea original que anunció la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita del pasado 6 de junio al país. Según Olson, hace aproximadamente seis semanas se inició la integración de los equipos técnicos que tendrán a su cargo investigar a corruptos centroamericanos.
Según el estratega de la SIF, estos investigadores no son solo del Departamento de Justicia, como es lo usual, sino que esta vez están involucrados fiscales y funcionarios del Departamento del Tesoro y del FBI. Eric Olson añade que, debido a la falta de confianza en el MP, las investigaciones que realicen los estadounidenses solo se limitarán a armar casos en contra de políticos, funcionarios y miembros del crimen organizado que hayan colaborado o cometido delitos en Estados Unidos.
“Lo más apropiado sería que los Ministerios Públicos y juzgados locales (de Guatemala, Honduras y El Salvador) apoyaran y armaran investigaciones para combatir la corrupción, pero si estos no están en condiciones de poder garantizar el Estado de derecho y están siendo manipulados políticamente, es obvio que hay que buscar otros caminos”, agrega Olson sobre la decisión que ha tomado el Gobierno estadounidense de iniciar sin el apoyo de los países centroamericanos la Fuerza de Tarea Anticorrupción.
Negociar a favor de Consuelo Porras
El embajador de Guatemala en Washington, D.C., Alfonso Quiñónez conoce esta situación. Dice que Estados Unidos avanza en la integración de esta Fuerza de Tarea, en donde también estarían involucrados el Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, institución que colabora con Guatemala en el control de los puertos, “porque ahí también pasan cosas”. “Esta Fuerza de Tarea no es algo que no hiciera el Gobierno de Estados Unidos antes, la diferencia es que ahora hay más personas e instituciones de ese país involucradas en las investigaciones”, agrega.
Pero el diplomático cree que los esfuerzos quedarán incompletos y que no será tan “robusto” como se tenía pensado. Alfonso Quiñónez recapitula lo acordado, que consiste en que la iniciativa estará dividida en dos partes. La primera dependería de los fiscales y funcionarios estadounidenses. La segunda consistiría en generar capacidades y en apoyar a las instituciones de justicia de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Es este último componente el que le genera dudas a Quiñónez, porque considera que no podría ejecutarse si el Gobierno de Estados Unidos ha decidido no tener relación con el MP, mientras Consuelo Porras sea la fiscal general. Este es el argumento que el diplomático ha utilizado para negociar a favor de Porras.
Pero la posición de Estados Unidos no cambia, según Quiñónez. “Ellos (el Departamento de Estado de EE. UU.) lo que han expresado públicamente, es lo que me han repetido a mí. Que con ella (Consuelo Porras) no tienen la confianza para poder tener una interlocución. Pero nosotros hemos insistido que es importante mantener la interlocución del MP para lograr los objetivos en conjunto”.
Un mensaje, extraditados y aeronaves
El presidente Alejandro Giammattei manifestó su disgusto por medio de dos tuits por la sanción que Estados Unidos aplicó a Consuelo Porras, también lo hizo en su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de septiembre. Alfonso Quiñónez no quiere hablar mucho sobre las manifestaciones de apoyo de Giammattei hacia Porras, después de que esta fuera incluida en la Lista Engel. Dice que desconoce quién le escribió esos mensajes. Sin embargo, asegura que estos no han afectado las relaciones con Estados Unidos.
Las principales piezas con las que Guatemala logra mantener esa relación con Estados Unidos, pese a los reproches del Presidente, son las personas con orden de extradición y la incautación de aeronaves que trasladan droga del Sur al Norte del continente americano.
“Somos el tercer país que más extradita narcotraficantes a EE. UU.”, expresa con tono de orgullo el embajador guatemalteco. Solo en 2021 Guatemala ha enviado a Estados Unidos 43 personas con orden de extradición, de las cuales 36 se encuentran relacionadas al narcotráfico.
“Hasta la semana pasada se terminó con los más de cien días sin incautación de aeronaves con drogas, porque ubicaron una en Petén”, es la forma de introducir otro logro del gobierno de Giammattei y que suma puntos a su relación con Estados Unidos.
Al cuestionar al embajador guatemalteco si estas acciones se emprenden para aliviar los señalamientos de corrupción que ha hecho Estados Unidos contra las instituciones de justicia de Guatemala, este negó que las extradiciones y capturas hagan parte de una estrategia de
Guatemala para destensar las relaciones con el Departamento de Estado, luego de las sanciones a Consuelo Porras. “Nosotros no vemos la relación con Estados Unidos de manera transaccional. Esto en el sentido de que te doy esto y tú haces esto o yo hago aquí y entonces tú haces acá”.
Eric Olson indica que las puertas aún no están cerradas para el Gobierno guatemalteco. Que en Washington D.C. aún atienden a Alfonso Quiñónez. Por otra parte, durante el último mes representantes republicanos, partidarios del exmandatario Donald Trump, han publicado en sus redes sociales las reuniones que han tenido con el embajador guatemalteco y han mencionado que el funcionario de la cancillería tiene más interés que el propio Biden por solucionar los problemas en la frontera sur estadounidense.
“Sería lamentable que Guatemala solo se apoye en miembros extremistas. Hasta donde yo sé, sigue habiendo diálogo entre la Embajada guatemalteca y el Gobierno de Biden. Eso es lo normal, aunque estén en desacuerdo, aunque no estén en la misma sintonía. Lo que sí creo es que es un error pensar que Guatemala se salva abrazándose de los Trumpistas. Guatemala se salva si apoya el Estado de derechos, la justicia honesta y evitar la corrupción”, agregó el director de Políticas Estratégicas de la Seattle International Foundation.
Mientras el Gobierno busca solucionar la crisis que desató el presidente Alejandro Giammattei al manifestarle su total apoyo a Consuelo Porras, la excandidata a la presidencia del partido Valor, Zury Ríos, busca imponer su agenda con la ayuda de políticos de estadounidenses, de cara a las elecciones de 2023. Ese trabajo lo realiza de forma gratuita una firma de lobbistas partidarios de Donald Trump, donde Mario Duarte, ex secretario de inteligencia del gobierno del presidente Jimmy Morales, es uno de los principales socios y consultores. Zury Ríos busca un camino que le funcionó al exgobernante Jimmy Morales y que es el mismo que sigue el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Washington D.C. Ambos son asesorados por Stryk Global Diplomacy.
Fuente: El Periódico de Guatemala