RADIO AMÉRICA. Unos 77 conflictos socioterritoriales se mantienen activos en Honduras, la gran mayoría de ellos de «alta intensidad», en medio de un «viraje punitivo» del Estado y una crisis de acumulación de tierras que amenaza a los defensores de derechos humanos, según un informe divulgado este martes en Tegucigalpa.
El documento ‘Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026’, elaborado por el Observatorio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), detalla que el 80,5 % de los casos, registrados en 13 de los 18 departamentos del país, presenta un nivel de «alta intensidad» caracterizado por la «criminalización, amenazas latentes de desalojo y un agudo deterioro institucional».
Estas disputas están concentradas en los sectores agrario (49,4 %), energético (20,8 %) y minero (10,4 %), y se ven agudizadas por un nuevo marco legal penal que prioriza la «visión empresarial e inversora» del Gobierno sobre las demandas indígenas y campesinas, señala el documento.
Distribución desigual de la tierra
La investigadora del Cespad, Lucía Vijil, indicó a EFE que el 79,2 % de los casos se concentra en siete departamentos, una dinámica explicada por la «distribución históricamente desigual de la tierra».
Vijil advirtió que el «viraje autoritario» del Gobierno que preside Nasry ‘Tito’ Asfura anula los derechos colectivos y las reivindicaciones campesinas para «criminalizar y judicializar aún más la acción de defensoría territorial», mediante reformas penales y el debilitamiento de la institucionalidad agraria.
La experta cuestionó si los recientes instrumentos legales aprobados en el país, como la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, contribuirán a resolver las disputas o, por el contrario, podrían profundizarlas.
La investigadora alertó sobre la persistencia de desalojos y acciones judiciales contra organizaciones campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colón (Caribe), donde la crisis se aborda como un asunto de «seguridad nacional» y no como un conflicto civil, omitiendo denuncias de colusión entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad.
Ley agroindustrial violenta la Constitución
El informe asegura que el nuevo ciclo político hondureño se desarrolla en un contexto marcado por una visión empresarial de la gestión pública, reformas penales, debilitamiento de la institucionalidad agraria y ambiental, y una ampliación de mecanismos de control territorial para contener la protesta social.
Yony Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria, que agrupa a organizaciones campesinas que reclaman la recuperación de tierras, afirmó a EFE que la Ley agroindustrial «violenta» la Constitución al situar los bienes materiales de las empresas por encima del ser humano.
Mientras el oficialismo defiende que la normativa garantiza la seguridad jurídica de las inversiones sin afectar los derechos de las comunidades, las organizaciones campesinas aseguran que favorece «la concentración de tierras» en manos de grandes empresarios.
Rivas señaló que la situación en el Bajo Aguán continúa siendo uno de los principales focos de tensión agraria y cuestionó que las autoridades privilegien un enfoque de seguridad sobre la resolución de las demandas históricas relacionadas con la tierra.
«No vemos voluntad de buscar una salida que tenga apego a la justicia social. La solución pasa por que empiecen a reconocer nuestros derechos y a respetar la ley», subrayó. EFE
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