Radio América. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, este martes dijo que acompaña el plan de intervención de los centros penitenciarios anunciados por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
«Nos adjuntamos para este nuevo proceso del sistema carcelario del paÃs. Queremos acompañar a la doctora Villanueva y al comisionado Miguel Pérez Suazo como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario, y a los privados de libertad y sus familiares relacionados con la problemática», apuntó Maldonado.
El entrevistado detalló que el CODEH plantea cosas puntuales de que en el manejo de la población penitenciaria haya una ley de rehabilitación o preparación del privado de libertad en el nuevo proceso de reinserción a la sociedad.
Del mismo modo, el organismo propone que la «Ley de Gracia Constitucional» o el indulto para que ayude a muchos reclusos que, en vez de estar en los recintos carcelarios, que estos inclusive deberÃan estar sosteniendo a sus familias.
Gobierno de Honduras anuncia medidas para poner orden en las cárceles
El Gobierno de Honduras anunció este martes un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del paÃs que implican el bloqueo de llamadas de teléfonos móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.
Las medidas fueron anunciadas por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, una semana después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la designó para liderar el plan de intervención de los centros penales tras los últimos tiroteos registrados de manera simultánea en cuatro cárceles del paÃs.
Entre las iniciativas anunciadas figura un bloqueo total de la señal telefónica para que los reos no puedan hacer o recibir llamadas desde el interior de las cárceles y un desarme «real» a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el sistema penitenciario.
Villanueva indicó que el objetivo de las medidas es poner fin al crimen organizado que impera en los centros penales de Honduras y no descartó que el paÃs pueda replicar modelos de otros paÃses, que no identificó, pero con «el cuidado de respetar los derechos humanos».
El Gobierno también anunció «la remoción y depuración» del personal penitenciario y de los policÃas en todas las cárceles, asà como una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de las prisiones.
Además, se instalarán sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas, asà como el traslado y reubicación de los presos de cuatro centros penales con mayor concentración, considerando la gravedad de sus crÃmenes y el estado de su proceso penal.
Otra de las medidas es la reclasificación y aislamiento de los presos vinculados al crimen organizado, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.
El plan incluye la revisión de «expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones, y evaluar la situación jurÃdica para el otorgamiento de un indulto en casos menores».
Asimismo, evaluar y practicar pruebas de confianza a los policÃas y personal civil de las cárceles, y aumentar el número de agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnologÃa, uniformes, capacitación y la revisión y ajuste salarial.
Todas las medidas serán aplicadas en el sistema penitenciario, compuesto por 26 cárceles, que alberga a 19.966 presos, entre ellos 1.100 menores de edad.
«La recuperación de la gobernanza y la gestión por parte de grupos criminales es lo primero que tenemos que hacer», subrayó la viceministra de Seguridad.
El Gobierno hondureño creará un banco de datos de los presos para asegurar el registro de su identidad.
«El problema en el sistema penitenciario lo vamos a manejar de acuerdo con el apoyo y el acompañamiento de expertos internacionales con estándares internacionales de temas que ya se han superado en otros paÃses», acotó la funcionaria.
En las cárceles de Honduras impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones fÃsicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.
Información: Ricardo Castillo
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