Radio América-EFE. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió este martes al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero del presidente del país Rodrigo Chaves, con el objetivo de que sea investigado por un presunto delito de concusión en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La decisión de la Corte Plena se tomó con 15 votos a favor y 7 en contra, en una sesión que se llevó a cabo este martes de forma privada y en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General de la República en contra del mandatario el 7 de abril pasado.
Tras analizar la acusación, la Corte Plena acordó avanzar con el proceso y trasladar el expediente al Congreso, para que decida, en un plazo no definido aún, si levanta o no el fuero del presidente con el fin de que lo investiguen.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión (delito contra los deberes de la función pública) en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026, con 405.000 dólares donados por el BCIE.
La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.
El caso por el que investigarían al presidente de Costa Rica
El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación por unos 405.000 dólares en 2022.
«Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato», detalla la acusación de la Fiscalía General.
La tesis de la Fiscalía también indica que a Bulgarelli lo obligaron e indujeron a que le otorgara un «beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE» al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien «se le benefició con 32.000 dólares».
A Cruz se le sigue una causa penal aparte al no tratarse de un funcionario de los supremos poderes.
La Fiscalía explicó que otorgó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y él «se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados».
«En caso de que la colaboración de Bulgarelli no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra», afirmó la Fiscalía.
En junio de 2024 el BCIE informó que sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión», pues «el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica».
La mediática revelación de los hechos
El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves, en mayo de 2022.
La exministra Navarro dijo que grabó los audios para documentar «hechos que podrían ir contra la ley o la ética» y que los suministró a ese diario para «hacer lo correcto».
Según el Gobierno, fue la exministra Navarro la responsable de la contratación.
El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y también contra el diario La Nación por la divulgación de los audios, pues los considera ilegales.
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