(EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves ampliar por 30 días más el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, por la «aún existencia de grupos terroristas, que no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso».
La ampliación, que representa la número 47, fue avalada con los votos de 57 diputados -de 60 en el órgano Legislativo- y estará en vigencia hasta el 1 de marzo del año en curso.
De acuerdo con el decreto leído durante la sesión plenaria, el régimen de excepción «ha permitido la desarticulación de grupos armados, debilitando su accionar delictivo, la desarticulación de redes criminales».
«Se continúa desarrollando, de manera ininterrumpida, una labor conjunta con los Estados Unidos y otros países de la región para la captura de integrantes de criminales, pandilleros y cabecillas», añadió el texto.
Incremento de pandillas
Además, «el contexto regional demanda especial atención, particularmente los hechos ocurridos en Guatemala», lo que «evidencia un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región y pone en riesgo la paz, el orden y la seguridad alcanzada» en El Salvador.
El pasado 18 de enero 10 policías murieron en la Ciudad de Guatemala en ataques coordinados por la pandilla Barrio 18, en represalia por la decisión de las autoridades de quitar privilegios a pandilleros presos.
El régimen de excepción en El Salvador ha dejado más de 91.000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con estas bandas, o ser jefes de las mismas. Contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 3 días.
Se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalaron que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y las bandas criminales.
Esta medida se covnirtió en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y obtuvo el respaldo de Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
La polémica medida ha sido señalada por violar derechos humanos y ha dejado más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, además de al menos 470 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias. EFE
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