La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó el martes en Managua una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, «se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial», informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.
Sandinistas
Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República «con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles».
La reforma constitucional le quita al Consejo Nacional de Carrera Judicial, subordinada a la Corte Suprema, la atribución de «supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Ahora la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.
Corte Suprema de Justicia
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra «intervenida» por la Policía Nacional.
Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a «decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales» y estaría bajo investigación.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se han referido a esas presuntas detenciones e investigaciones.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE
PUEDE INTERESARLE: El Tribunal electoral de Guatemala suspende el partido del presidente electo del país
