(EFE).- Las Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación número 48 del régimen de excepción, aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022, y que ha dejado más de 91.300 detenciones, con lo que la medida llegará a los 4 años de vigencia.
La medida fue aprobada con 57 votos de 60 diputados que posee el Congreso, con el visto bueno del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados, con lo que esta medida extraordinaria estará en vigencia al menos hasta el 27 de marzo.
Decreto
Según el decreto legislativo aprobado con dispensa de trámite y sin discusión previa, esta medida ha «permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1.140 días (no consecutivos) sin la ocurrencia de este delito durante el actual Gobierno».
Agrega que además se ha dado «la captura de más de 91.300 personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen, incluyendo sus principales líderes y una diversidad de sus miembros».
«Sin embargo, la persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes demandan la continuidad del régimen de excepción, con el objetivo de preservar los avances alcanzados, evitar el resurgimiento», justifica el documento.
Este régimen de excepción contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.
La misma se aprobó el 27 de marzo de 2022 tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana, lo que investigaciones periodísticas señalaron que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y las bandas criminales.
Medida
Esta medida se convirtió en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
La medida ha sido señalada por violar derechos humanos y ha dejado más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, además de 480 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias. EFE
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