El Vaticano atribuyó hoy al Gobierno de Nicaragua la expulsión del nuncio apostólico en ese país, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, cuya labor defendió, y lo consideró una imposición «grave e injustificada».
«La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el País después de notificarle esa medida», se lee en un comunicado.
El pasado lunes la Nunciatura Apostólica en Nicaragua informó que su representante en Managua, el polaco Sommertag, se «ausentó del país», y que el secretario, monseñor Marcel Mbaye Diouf, quedaba al frente, sin aclarar las razones.
La Santa Sede subrayó que la disposición «resulta incomprensible» ya que durante su misión diplomática, el monseñor «ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables».
Lo hizo «buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua».
«Merece particular mención su participación como testigo y acompañante de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Oposición política, en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos políticos», sostuvo la Santa Sede.
Y terminó: «Convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano, la Santa Sede desea reafirmar su plena confianza en el Representante Pontificio».
El nuncio llegó a Managua en 2018, año en el que manifestaciones antigubernamentales sacudieron el país y suscitaron la represión del régimen del presidente Daniel Ortega.
Cuatro años después, el diplomático vaticano sale abruptamente, sin que la Nunciatura especificara si de forma temporal o permanente.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Herrera, dijo al Canal 10 que el papa Francisco había retirado al nuncio porque «no se han dado buenas relaciones» con el Gobierno.
«No se han dado buenas relaciones (con el Gobierno), entonces el papa (Francisco) ha decidido que (Sommertag) renuncie a esa función. Había ciertas limitaciones, entonces si no hay comunicación de qué sirve estar en esa función de diplomático», afirmó el obispo.
El pasado noviembre, días después de las controvertidas elecciones generales, el Gobierno anuló por decreto la figura de «Decano del Cuerpo Diplomático», que desde el año 2000 correspondía al Nuncio Apostólico, el representante de la Santa Sede.
El nuncio Sommertag, junto al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, participaron como testigos en representación del Vaticano y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente, en una mesa de negociación entre el Ejecutivo de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El Gobierno de Ortega dio por clausurada el 30 de julio de 2019 la mesa de negociación que mantenía con la Alianza Cívica para buscar una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, pese al llamado de la OEA, de la Unión Europea, de los obispos nicaragüenses, del Ejército y otros sectores.
Ortega, que fue reelegido en los comicios de noviembre pasado en medio de cuestionamientos de legitimidad y con sus principales rivales en prisión, inició su campaña el 4 de octubre pasado llamando «terroristas» a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores.
El líder sandinista los ha calificado de «golpistas» y acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
Por su parte el sacerdote nicaragüense exiliado Edwin Román, muy crítico con Ortega y sobrino del revolucionario Augusto C. Sandino, dijo que el nuncio Sommertag «hizo mucho daño al país y a la Iglesia» católica al acoplarse con el «régimen dictatorial». EFE