Radio América. Estados Unidos sancionó este miércoles al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, quien impuso una serie de medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado, como una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales.
El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones financieras se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Se trata de una nueva medida de presión por parte de la Administración de Donald Trump, aliada de Bolsonaro (2019-2022), que el pasado 18 de julio ya revocó el visado a De Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.
Sanciones
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó en un comunicado a De Moraes de ser «el responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluido contra el expresidente Jair Bolsonaro».
Bessent advirtió además que Estados Unidos «seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”.
El anuncio del Tesoro se produce después de que De Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales o un toque de queda nocturno.
Acusaciones
Bolsonaro, muy cercano a Trump, está acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
Trump, que ha calificado de «cacería de brujas» el proceso judicial contra Bolsonaro, anunció aranceles del 50 % sobre Brasil como medida de presión.
Por su parte, Lula ha respondido reafirmando la soberanía nacional y advirtiendo sobre posibles represalias comerciales.
Este no es el único caso reciente en el que Washington se ha involucrado en procesos judiciales en América Latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Lula: «Es inaceptable la interferencia del Gobierno de EE.UU. en la Justicia brasileña»
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que es «inaceptable la interferencia» del Gobierno de Estados Unidos en la Justicia brasileña, tras la nueva sanción impuesta al juez de la Corte Suprema que lleva los casos del exmandatario Jair Bolsonaro.
«Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia», dijo el mandatario en una nota titulada ‘Brasil es un país soberano y democrático’.
La Administración del presidente Donald Trump aplicó este miércoles la Ley Magnitsky al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes, esta ley autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
En la práctica es una sanción financiera, puesto que bloquea los posibles bienes y propiedades del magistrado en EE. UU. y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
De Moraes es el juez instructor de los procesos abiertos contra Bolsonaro, entre ellos uno por «liderar» un complot golpista contra Lula, tras perder las elecciones de 2022, según la Fiscalía.
Lula se solidarizó con el juez y señaló que las sanciones están motivadas «por la acción de políticos brasileños que traicionan» al país «en defensa de sus propios intereses», en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista y quien se encuentra en EE.UU. en busca de sanciones para ayudar a su padre.
«En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas», manifestó el jefe de Estado.
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