Familiares y la defensa de ocho ambientalistas, presos hace casi un año, solicitaron este jueves su libertad y cancelar la licencia otorgada a la empresa Inversiones Pinares, responsable de un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras, al que se oponen los detenidos.
«La primera petición urgente es que se ponga en libertad a los defensores del medioambiente», dijo uno de los abogados de los ambientalistas, Carlo Jiménez, en una rueda de prensa virtual junto a familiares de los defensores y lÃderes de la comunidad Guapinol, en el departamento de Colón, en el Caribe del paÃs.
Los ocho defensores del agua están presos desde finales de agosto de 2019 en el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro (norte), y son acusados de delitos de asociación ilÃcita, portación ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero Guapinol.
Según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)».
Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó la semana pasada la prisión preventiva para los ocho defensores del agua y, además, revocó un sobreseimiento definitivo fallados a favor de cinco ambientalistas integrantes del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa.
Los defensores de Guapinol tienen «derecho para estar en libertad mientras el proceso continúa» y porque «son inocentes» de los delitos que se les imputan, enfatizó Jiménez.
CANCELAR LICENCIA AMBIENTAL
La defensa y familiares de los ambientalistas también exigen la cancelación del permiso de operación y la licencia ambiental del proyecto minero.
«Si vamos al fondo del asunto, porque es el origen de este conflicto, es que se retiren los permisos de operación y la licencia ambiental a la empresa para que deje de destruir las fuentes de agua que abastecen a las comunidades», subrayó Jiménez.
Dijo además que no descartan la posibilidad de denunciar al Estado de Honduras ante instancias internacionales por «la constante violación al debido proceso y los derechos que tienen los imputados».
«El Gobierno está denegando el acceso a la Justicia. El Ministerio Público, la PolicÃa de investigación y los juzgados sean han aliado y están siguiendo una lÃnea que se les dicta desde arriba, entonces eso indudablemente nos va a obligar a plantear, a nivel internacional, reclamos contra el Estado», enfatizó.
El proceso de criminalización y las campañas de desprestigio y estigmatización contra los defensores de Guapinol buscan «desarticular a la sociedad y las comunidades e intimidar», añadió el abogado.
FAMILIAS ANGUSTIADAS
Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto, uno de los ambientalistas presos, condenó la criminalización y encarcelamiento de su padre y los otros defensores del agua, y exigió su «pronta» liberación.
Dijo que para ella «no ha sido fácil» que su padre este preso por defender el agua y la vida en la comunidad de Guapinol, y lamentó que no ha podido ir a visitarlo a la cárcel.
«Como familia estamos muy preocupados y angustiados porque no sabemos de ellos (defensores), nosotros no tenemos acceso a visitarlos (en la cárcel)», subrayó Gabriela.
Honduras es considerado uno de los paÃses más peligrosos para los defensores del medioambiente, según informes de AmnistÃa Internacional y la organización no gubernamental Global Witness. EFE