La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó este miércoles que ya tiene «pruebas materiales» en el caso por trata de personas y estupro en contra del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), luego de 19 días del anuncio que hizo sobre una orden de aprehensión en contra del exmandatario, medida que aún no se cumple.
«En los cuatro cuerpos que tiene (el cuaderno) de la investigación están los indicios y las pruebas materiales, entonces con todo esto podemos descartar que esto sea una persecución política», afirmó la fiscal departamental en una conferencia de prensa en la ciudad sureña de Tarija.
La Fiscalía boliviana investiga a Morales desde el 26 de septiembre, después de recibir un informe de inteligencia en el que se afirma que habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2015.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia llamado ‘Generación Evo’.
La fiscal regional dijo que hay avances en la investigación como las peticiones de información a Migración, al Servicio de Identificación Personal (Segip) y al Servicio de Registro Cívico (Serecí), además de haber realizado varios allanamientos y registros en los lugares donde supuestamente ocurrieron los delitos.
«Obstáculos» en la investigación
Gutiérrez explicó que la defensa de Morales ha presentado varios incidentes legales, como excepciones y acciones de libertad, con el fin de «obstaculizar» el proceso.
«Ya hemos perdido el número de acciones de libertad y excepciones que han presentado», afirmó, para luego añadir que ninguno de los incidentes fueron aceptados por el juez que está a cargo del caso.
La defensa del exgobernante presentó una acción de libertad para que la investigación sea llevada de Tarija a la población de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Y otro de los incidentes presentados fue el de «acción procesal defectuosa» supuestamente por vulnerar los derechos humanos del expresidente.
Estas acciones y otras más llegaron al juzgado correspondiente, sin embargo, fueron rechazadas por el juez, según Gutiérrez, por lo que la investigación seguirá en Tarija, donde supuestamente ocurrieron los delitos.
Morales fue citado a declarar en Tarija el 11 de octubre, pero ante su inasistencia, la fiscal Gutiérrez anunció que se emitiría una orden de aprehensión la cual aún no se ejecuta.
Días después el caso se declaró en reserva y en esta jornada se tenía previsto levantar el silencio procesal, pero el fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, afirmó que se solicitó de nuevo la reserva de la investigación.
Desde hace tres semanas, sectores afines a Morales realizan varios bloqueos de carreteras en el centro del país para exigir que se suspendan los procesos en contra del expresidente, entre otras demandas.
El Gobierno de Luis Arce y varios sectores han señalado que los cortes de vías han ocasionado millonarias pérdidas económicas, la escasez de alimentos en otras regiones y el perjuicio para transportistas que permanecen parados. EFE
