Radio América. Este lunes se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción en el que el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, se ha pronunciado, señalando que dicho ente trabaja para hacer justicia sin importar quién.
El Ministerio Público al mismo tiempo ha dado a conocer una serie de requerimientos fiscales y se ha informado de operaciones que se han estado ejecutando a los largo del día.
Lo anterior es considerado por algunos sectores del país como “persecución política”, mientras otros, se perciben escépticos en relación a la misión del Ministerio Público y su titular.
En este Día Internacional contra la Corrupción, reflexionamos sobre el impacto devastador de este flagelo, que a través de la corrupción público-privada, ha despojado al pueblo hondureño de lo que por derecho le corresponde: salud, educación, viviendas y una infraestructura…
— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@johelzelaya) December 9, 2024
La diputada nacionalista por Francisco Morazán, María Antonieta Mejía, cuestiona que el gobierno de Libre desde que inició su administración ha hablado de combatir este flagelo, no obstante, señala que después de tres años no tienen resultados concretos.
La congresista del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expresó por su parte que se deben presentar acusaciones contra funcionarios del actual gobierno también, no solo unos, sino todo aquel que ha “infringido la ley”.
El ente acusador presentó requerimientos para exmagistrados, operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía, exfuncionarios y una actual representante de Gobierno.
Entre ellos, se habla de la diputada nacionalista, Gladis Aurora López, acusada de malversación por uso diferente.
Es decir que la congresista en su momento gestionó un proyecto de energía en la estatal eléctrica para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público.
Sin embargo, la fiscalía señala que se le dio un uso distinto al propósito original, siendo utilizado para un proyecto privado ubicado en San Pedro Sula.
La congresista por el departamento de La Paz indicó que tienen copia de los materiales y afirma estar dispuesta a colaborar con la justicia.
Asimismo, hay una acusación formal contra el excomisionado de Copeco, Lisandro Rosales por el desvío de fondos en la construcción de puentes dentro del programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales” en un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El exfiscal del Ministerio Público y actual parlamentario de Libre, Jari Dixon, externó por su parte que cuando se tienen pruebas “no existe persecución política”.
“Si hay casos de Libre o de la actual administración seguramente van a salir a -luz pública-, lo que pasa es que un caso de corrupción no es tan fácil de investigar”, manifestó el legislador hondureño, argumentando que en algunos expedientes de estos los fiscales no se atrevían a presentarlos.
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, en el marco de la efeméride se refirió a la trayectoria de la Asociación para una Sociedad más Justa, señalando que ASJ es un “ejemplo” para todo el movimiento global.
“Es un ejemplo de garantía, de lucha contra la pobreza, la corrupción y el abuso de poder”, expresó.
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