Radio América. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó en las últimas horas a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York desestimar la petición de los abogados para separar el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y Mauricio Hernández Pineda, de la causa que se le sigue al exjerarca policial, Juan Carlos Bonilla.
En ese sentido la fiscalía ha objetado las mociones presentadas por el exmandatario hondureño y su primo, de quienes se dice que “El Tigre” tendría algunos “expedientes” investigativos que habría realizado cuando fungía en la institución de seguridad del Estado.
Ambos buscan separar su juicio conjunto por cargos de narcotráfico previsto de momento para el 12 de febrero de 2024, cuando se designe un jurado para dar trámite al proceso.
Los equipo legales de Hernández y Pineda han expuesto que buscan una terminación de su juicio sobre la base de que el imputado Juan Carlos Bonilla tendría la intención de testificar contra sus clientes y ofrecer documentos supuestamente incriminatorios como prueba.
Aquí el texto de lo expuesto por la fiscalía de EEUU
El Gobierno escribe respetuosamente para oponerse a las mociones complementarias de Mauricio Hemández Pineda («Pineda») y Juan Orlando Hernández («Hernández») para separar sus juicios del juicio de su coacusado Juan Carlos Bonilla Valladares («Bonilla»). (Ver Dkt. 667, 676; ver también Dkt. 674 en 71-72).
Como se analiza más adelante, el Tribunal rechazó anteriormente las mociones de indemnización presentadas por Hernández y Bonilla. Pineda y Hernández ahora argumentan que la separación de Bonilla está justificada porque Bonilla tiene la intención de argumentar en el juicio que estaba investigando a narcotraficantes en Honduras, incluidos sus coacusados, y tiene la intención de intentar ofrecer pruebas en el juicio que supuestamente inculparían a Pineda y Hernández.
Pineda y Hernández, sin embargo, no logran demostrar que un juicio conjunto resultaría en algún perjuicio para ellos, y mucho menos en un perjuicio tan severo que sus condenas constituirían un error judicial.
De hecho, incluso si un jurado aceptara la teoría de la defensa de Bonilla, no estaría obligado a condenar a Pineda y Hemández por los delitos acusados en este caso. Por lo tanto, el Tribunal debería desestimar sus solicitudes de indemnización complementaria.
El 23 de enero de 2024, Bonilla proporcionó al Gobierno por primera vez miles de páginas de documentos en español que, según Bonilla, eran registros mantenidos en sus archivos de investigación mientras trabajaba en la Policía Nacional de Honduras («PNH»).
El Gobierno está revisando esos registros y ha solicitado que Bonilla identifique cualquier documento particular que pueda intentar ofrecer en el juicio. Hasta ahora, Bonilla sólo ha identificado cinco páginas de gráficos y resúmenes que nombran a varios individuos, incluidos Hernández y Pineda, como individuos supuestamente asociados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Bonilla no ha identificado cómo pretende autenticar estos documentos ni ninguna excepción de oidas bajo la cual la Corte podría admitirlos. El Gobierno no admite la admisibilidad de ninguna prueba que Bonilla pretenda ofrecer en el juicio en apoyo de su defensa.
Aquí el resto del texto
