Radio América. Varios diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezados por Jorge Cálix, este lunes se reunieron con expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para visualizar el panorama de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
En ese contexto el congresista Francis Cabrera, detalló que la reunión fue para dar una perspectiva amplia a los personeros de la ONU a fin de que tengan claro el escenario que podrÃa enfrentar la CICIH a su llegada al paÃs y, de esa forma, los expertos digan cuál es el marco jurÃdico que se necesitarÃa para aprobarlo en el Congreso de la República y luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El parlamentario oficialista espera una CICIH que no sea fraguada con impunidad o que venga a defender a ciertas personas, sino que sea pareja para todos.
«Nosotros no queremos una CICIH que venga a defender a diputados, funcionarios, expresidentes y exministros. No queremos intromisión de ningún tipo, no queremos que exista financiamiento del Gobierno, para que la población esté clara de que el trabajo de la CICIH será objetivo y sin compromisos con polÃticos», manifestó el entrevistado en Radio América.
Con el ánimo de allanar la instalación de la CICIH en el paÃs, la semana pasada en el Congreso Nacional se derogaron dos decretos considerados de promover la corrupción y la impunidad, como el 93-2021 referente a la Ley contra el Lavado de Activos y el 57-2020.
Pese a que las personas ya fueron beneficiadas con dichas leyes, el entrevistado remarcó que quieren que sean acusados los ciudadanos que cometieron actos de corrupción en el pasado, asà como crear un marco jurÃdico para que paguen con cárcel.
En su caso, Francis Cabrera, aseguró que apoyará con cualquier modificación o derogación de leyes que la CICIH pida para venir al paÃs, «porque me interesa quedar bien con el pueblo hondureño sediento de justicia», dijo.
El diputado dijo estar de acuerdo en ajustar y modificar el decreto 04-2022 catalogado por la oposición como un blindaje para los funcionarios del gobierno del Poder Ciudadano del presidente Manuel Zelaya Rosales, en el sentido, de que la normativa solo pueda ser invocada por personas que «injustamente» fueron perseguidas por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Información: Héctor Murillo
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