Radio América. El polémico decreto de amnistía política ya es ley de la República al ser publicado este sábado en el Diario Oficial La Gaceta de Honduras, misma que es considerada por algunos sectores de la sociedad como un nuevo “pacto de impunidad”.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, fue consultado este mediodía al respecto señalando que…
“A mi no me favorece en lo absoluto -el decreto de amnistía- porque nunca he sido objeto de una acción de orden penal por el desempeño de mis funciones cuando fui secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio”, comenzó diciendo.
El exfuncionario de la administración 2006-2009 aclaró que ese punto le libera de algún interés personal o sesgado al momento de emitir su opinión.
La figura que se ha esbozado en la nueva disposición emitida por el Congreso, detalló, lo que busca es dejar en claro que lo que se está eximiendo de responsabilidad es derivado de las acciones del golpe de Estado.
Tras lo ocurrido en junio de 2009, manifestó, se generó una gran persecución política y se trató de inyectar responsabilidades inexistentes para tratar de amedrentar y desvincular políticamente a los encausados.
En el marco de la crisis de 2009, arguyó, algunos exfuncionarios fueron llevados a juicio sin brindárseles una resolución a fin de venderlos del ejercicio de su profesión.
“Jamás se les resolvió en nada y los tuvieron con medidas cautelares impidiendoles que llevasen una vida pública adecuada”, añadió.
Cerrato mencionó que hubo suficiente tiempo durante 11 años para que se les hubiese dictado una sentencia en caso de haberse confirmado una responsabilidad sobre ellos.
“Porque en todo ese tiempo no dictaron una sentencia si es que ahora se sospecha que algunos de ellos se les está blindado”, subrayó.
El profesional de las ciencias jurídicas remarcó que la situación política de confrontación está llevando a Honduras a una incertidumbre.
“Por eso ahora, las decisiones que se toman de alguna manera se le resta al grado de credibilidad o legalidad que deberían de tener”, acotó.
“En 11 años no les emitieron ninguna sentencia, sin duda es, porque no habían pruebas ni manera de que se les pudiera sindicar con propiedad una situación jurídica”, reiteró.
En los considerando, apuntó, se muestra que la amnistía está dirigida a personas que en la lucha de la soberanía trataron de mantener el orden constitucional y fueron judicializados.
Insistió en que el peor error y daño que se le está haciendo a la toma de decisiones en el Congreso es el conflicto político. “Últimamente se está cometiendo el error de querer judicializar la política”.
Dejó en claro que no deben estar comprendidos en dicha amnistía todo aquel que haya cometido actos reñidos con la ley y que no pueden justificarse como presos de conciencia o de asuntos políticos.
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Con el reporte de: Héctor Murillo