Radio América. La abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, advirtió que cualquier funcionario que se niegue a proporcionar información sobre el uso de los recursos públicos incurre en responsabilidades.
“El artículo 2 de la derogatoria de la Ley de Secretos es muy claro cuando dice se ordena a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto desclasificar toda información que haya sido clasificada como reservada”, comenzó exponiendo la parlamentaria.
En ese sentido, manifestó que a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto 12-2022 los funcionarios públicos tienen incluso un deber adicional conforme al artículo 4.
Citó que este establece que los titulares y funcionaros o empleados públicos de las instituciones del Estado están obligados para que en caso de apreciar que de esa información pueda deducirse responsabilidad penal, civil o administrativa, deben interponer inmediatamente una denuncia ante el Ministerio Público o Tribunal Superior de Cuentas (TSC) según corresponda.
Espinoza remarcó que cualquier funcionario que no esté cumpliendo con este decreto incurrirá por esa acción omisiva en responsabilidades.
Mencionó que el único que puede determinar si una información puede clasificarse como reservada es el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Al ser consultada si se necesita una orden judicial o cualquiera puede solicitar información, respondió que de conformidad con el artículo 3 toda persona natural en ejercicio de sus derechos, persona jurídica, privada o pública, e incluso entidades sin personalidad jurídica que estén interesados en la información pueden solicitarla.
Con información de Javier Rivera