El Gobierno de Honduras envió este miércoles al Parlamento el proyecto de la polémica Ley de Justicia Tributaria que busca mejorar la distribución de la carga fiscal, la que rechaza el sector privado, informó una fuente oficial.
La iniciativa fue enviada por el ministro de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, al primer secretario del Parlamento, Carlos Zelaya, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros, que encabeza la presidenta del país, Xiomara Castro.
El proyecto busca «generar empleo de calidad en condiciones beneficiosas para el pueblo hondureño y los inversionistas, atraer inversión extranjera y promover la inversión nacional», indicó Pastor en un documento remitido a Zelaya.
Además, pretende «revertir los abusos que por décadas se han legalizado a través de los regímenes de exoneraciones fiscales e implementar medidas de transparencia para evitar que Honduras sea catalogado como un paraíso fiscal».
Pastor señaló que la Ley de Justicia Tributaria «rompe el hilo de la corrupción de los abusos que ha tejido la historia de las exoneraciones durante 150 años».
Está previsto que el Parlamento envié la medida a una comisión para su estudio antes de ser conocida en el pleno para su aprobación, para lo que requiere el voto de al menos 65 de los 128 diputados.
La propuesta es rechazada por varios sectores de Honduras, entre ellos la empresa privada, por considerarla «malintencionada» y que profundizará «más» la difícil situación de los pobres en el país, lo que rechaza el Gobierno.
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la principal cúpula patronal, Armando Urtecho, dijo este miércoles a periodistas que la Ley de Justicia Tributaria eliminaría el secreto bancario.
«Se habla sobre el secreto bancario, para qué quieren una liberalización de la información por parte de los funcionarios administrativos: para que caiga en manos de las maras y extorsionen a todo el que tiene billete», señaló.
Urtecho lamentó que haya sectores que «no quieren ver cuál es el trasfondo verdadero de esta ley» y recordó que la empresa privada es la que genera empleos en Honduras.
El proyecto de ley enviado al Parlamento coloca a Honduras «en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos», indicó este martes el Cohep en un comunicado.
Advirtió que la iniciativa provocará «la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente».
El Cohep señaló que la hostilidad del Gobierno hacia la empresa privada «solo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión». EFE
