Radio América. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes su séptimo informe denominado “Corrupción en tiempos de Covid-19”, en donde se denuncia a COPECO e Invest-H por la compra de miles de mascarillas N-95 cuyos fabricantes no las recomiendan para el uso médico pues no están certificadas para proteger del COVID-19.
En su informe el organismo anticorrupción señala que el Estado adquirió más de 800 mil mascarillas “para dotar” al personal de Salud del país y ninguna de estas adecuadas para el uso en centros hospitalarios.
En esta nueva denuncia del CNA alerta a la ciudadanía sobre la calidad de las mascarillas KN95 adquiridas por estas dos instituciones gubernamentales en el marco de la pandemia.
“Filtran el polen, moho o polvo en actividades externas como la jardinería o corte de madera”, señala el ente de sociedad civil.
“Aun sabiendo eso las entregaron a nivel nacional a médicos, enfermeras y todo aquel personal que se encuentra en la primera línea de batalla”, manifiesta la titular del CNA, la abogada Gabriela Castellanos.
Esto, precisa el organismo, convierte en víctimas directas al personal sanitario de Honduras y cataloga el accionar de bioseguridad estatal como “una trampa mortal”.
El CNA constató la compra de 335 mil mascarillas por parte de la estatal de contingencias (Copeco) a tres distintos proveedores.
De estas, 100 mil cubrebocas se compraron a la sociedad mercantil “City Comercial” y en sus cajas no se describía sobre su uso médico. Igual cantidad se adquirió a la empresa “Inversiones y Equipo” quien en su producto especifica que éste no deben ser vendido como mascarilla quirúrgica.
El tercer proveedor de Copeco fue la empresa “Puerto Libre Internacional” a quien se le compró 135 mil mascarillas de la marca “Paso”, en cuyo empaque se puede leer la frase: “estándar de salud para no uso médico”.
Con la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) se verificó la adquisición de 469 mil mascarillas a la empresa “Mirrywow”.
En ese sentido el Consejo anticorrupción denunció que las autoridades hondureñas decidieron ocultar las advertencias con embalajes y distribuirlas pese al riesgo que esto implicaba.
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