Haití se encuentra nuevamente en estado de emergencia a causa de la violencia que imponen las bandas armadas en este empobrecido país caribeño, donde al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre de 2025, un año decisivo para crear las condiciones que permitan convocar elecciones generales para febrero próximo.
La medida, adoptada por el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) y el Gobierno en medio de una situación que no hace más que agravarse, fue hecha pública durante el fin de semana con el objetivo de «continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria», en un contexto en el que al menos una de cada tres personas que viven en la región metropolitana de Puerto Príncipe son desplazadas internas.
Haití: De estado de emergencia en estado de emergencia
Esta no es la primera vez que el CPT, que se instaló en abril de 2024, aprueba una decisión similar y seguramente no será la última, sin que hasta el momento se conozcan resultados concretos, mientras la población civil se muestra impaciente por ver restablecida la paz y la seguridad.
En el comunicado, el CPT y el Gobierno subrayaron su «firme determinación de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para restablecer la seguridad, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones de la República y restaurar la dignidad nacional».
Al asumir el pasado jueves la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas que aterrorizan a la población, pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país y afirmó que se acabó el tiempo de los discursos.
Un día después fue nombrado al frente de la Policía Nacional del país (PNH) Andre Jonas Vladimir Paraison, a quien St-Cyr instó a tomar «todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad», que «intensifique» las operaciones policiales en todos los frentes y que libere, «uno por uno», los territorios controlados por las bandas.
Un conflicto que no da tregua
En el país opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) que, liderada por Kenia, la integran policías de varias naciones -y soldados en menor cantidad- pero que en la práctica no ha podido frenar el avance de las bandas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe y se han desplazado a otras zonas.
Solo en el segundo trimestre de este año, al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en el país.
Las bandas pierden fuerza
Si bien las bandas siguen desangrando a este país, cientos de sus miembros han sido asesinados durante enfrentamientos con la PNH y las fuerzas multinacionales de apoyo a la seguridad, por los drones kamikazes lanzados desde hace varios meses o por miembros de la población civil.
Esto ha reducido la fuerza de las bandas en algunas zonas de la capital, donde el número de bandidos ha disminuido drásticamente y, según personas que viven en las zonas ocupadas, ante la muerte de numerosos delincuentes, ha surgido una tendencia entre los grupos armados de reclutar a menores de 18 años para sustituir a los abatidos.
En las zonas que controlan, las bandas imponen su ley. Golpean a las personas acusadas de ciertos delitos, sin olvidar los puestos de peaje que han instalado en las carreteras nacionales del país, lo que ha provocado un aumento vertiginoso del precio del transporte público y de los productos de primera necesidad.
Sin fecha para las elecciones en Haití
En tanto, el Consejo Presidencial de Transición sigue sin dar respuestas a sus principales promesas, la recuperación de la seguridad y la convocatoria a elecciones en un país que celebró comicios por última vez entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió el cargo el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado en su residencia privada el 7 de julio de 2021.
El CPT es producto de un acuerdo firmado entre los diferentes actores políticos en el poder a mediados del año pasado tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry en medio de un estallido violento el 29 de febrero pasado, cuando se supo que éste último, que no fue elegido sino designado tras el asesinato de Moïse, planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025, a pesar de que su mandato ya había expirado el 7 de febrero de 2024.
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