El exvicealcalde hondureño Mario José Cálix, alías ‘Cubeta’, fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo acusa de tráfico de drogas y uso de armas, una semana después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, diera «por terminado» el tratado de extradición con EE.UU.
Cálix fue entregado a integrantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la Base Aérea Enrique Soto Cano, situada en el centro del país, donde EE.UU. mantiene un reducido número de efectivos militares, por autoridades de Honduras.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, informó a los periodistas que el acusado fue entregado a los agentes de la DEA bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Señaló que Cálix, quien ocupó el cargo de vicealcalde de Gracias, departamento occidental de Lempira, entre 2014 y 2018 por el opositor Partido Nacional, permanecía recluido en una celda de las Fuerzas Especiales Cobras, de la Policía Nacional en Tegucigalpa, desde que fue capturado el 21 de junio en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, este de Honduras.
El 16 de agosto un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó la extradición de Cálix, la cual fue ratificada una semana después por el Tribunal Supremo.
Estados Unidos acusa a Cálix de “conspiración para importar una sustancia controlada hacia esa nación desde un lugar fuera de la misma» y de «fabricar y distribuir esa sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente al Estado requirente”.
También se le señala por «uso y portación de armas de fuego», así como por «conspiración para el uso y portación de armas de fuego», ambos delitos relacionados con la supuesta importación de una sustancia controlada.
Además se le vincula como presunto socio del exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por narcotráfico.
El expresidente Hernández fue condenado también en junio a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.
‘Cubeta’, el primer extraditado tras la anulación del tratado
Cálix fue entregado a EE.UU. una semana después de que la presidenta de Honduras ordenara «dar por terminado» el tratado de extradición con Estados Unidos, aunque el acuerdo sigue vigente hasta el 28 de febrero de 2025, por la «injerencia» de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, al criticar una reunión de autoridades hondureñas con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
Castro afirmó el 29 de agosto, un día después de suspender el tratado con EE.UU., que no permitirá que «se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras».
Diversos sectores nacionales e internacionales ven la medida como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico en Honduras y se han cuestionado a quién quieren proteger.
Tres días después de la decisión de Castro, su cuñado y entonces secretario del Parlamento hondureño, Carlos Zelaya, admitió haberse reunido en 2013 con narcotraficantes que le ofrecieron dinero para la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), lo cual fue confirmado en un informe y un video divulgado el martes por la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas).
Sobre el video de la reunión en 2013, Castro dijo la noche del martes que «condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos» y denunció la existencia de un plan destinado a «destruir» su Gobierno y «asestar un nuevo golpe de Estado» en el país.
Muchos sectores, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han condenado los vínculos de Carlos Zelaya con narcotraficantes y exigen la renuncia de la presidenta hondureña. EFE
