El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, le expresó este martes al subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols, que le sorprende que su país se oponga a las reformas para combatir la corrupción público-privada en Honduras.
«Sr. Nichols, sorprende que EEUU se oponga a todas las reformas legales para combatir la corrupción público-privada, presentadas soberanamente por la Presidenta @XiomaraCastroZ tales como leyes de Energía, Justicia Tributaria y de eliminación de las ZEDE’s. No aceptamos artificios», publicó Reina en la red social Twitter.
El mensaje del alto funcionario hondureño fue en respuesta a un tuit de Nichols, en el que señaló que en Washington están «siguiendo las reacciones a la protesta en Choluteca, Honduras», en alusión a un mensaje de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por una nutrida manifestación de rechazo a una iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, que impulsa su Gobierno.
«Estamos siguiendo las reacciones a la protesta en Choluteca, Honduras. El derecho a la marcha pacífica y el derecho a expresar las opiniones propias son fundamentales para la democracia, y deben promoverse y protegerse», expresó Nichols.
Después de una marcha el 9 de mayo en la ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras, de empleados de las industrias del camarón, ocra y melón, expresando su rechazo a la Ley de Justicia Tributaria, que está en proceso de socialización por parte del Parlamento, la presidenta hondureña convocó al Consejo Nacional de Seguridad, por considerar que hay pretensiones de alterar el orden en el país.
La protesta puso «en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado con las provocaciones ocurridas en las calles de la ciudad de Choluteca», indicó la mandataria en un comunicado que ella misma leyó.
Agregó que ese tipo de manifestaciones «buscan impedir la función procesal legislativa del Congreso Nacional de la República» y condenó «los actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley de Justicia Tributaria».
Castro también anunció el diseño de una «estrategia de prevención, combate, investigación y sanción de estas conductas» ordenando «la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en la ciudad de Choluteca, el 9 de mayo del 2023».
Añadió que entonces, «empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, para impedir que esta Ley sea discutida y aprobada».
Dijo además que «identificados los responsables de instigar, manipular y financiar estas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía que son contrarias a la Ley y forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar las acciones del Gobierno de la República, y con los elementos probatorios, deben deducirse las responsabilidades y ejecutar las acciones de ley».
Los empresarios de Choluteca y otros sectores sociales del país rechazaron las afirmaciones de Xiomara Castro.
Un sector de la empresa privada hondureña se opone a la Ley de Justicia Tributaria, que según el Gobierno pretende que haya justicia en el pago de los impuestos en el país. EFE
