El autor es director del periódico digital El Faro.
SAN SALVADOR — El gobierno de Joe Biden tiene un gran dolor de cabeza: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y firme aliado de Estados Unidos en Centroamérica durante casi una década, se ha convertido en un paria. Las versiones cada vez más escandalosas de su supuesta participación en tráfico de drogas complican la continuidad del respaldo que siempre recibió de Washington.
En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.
Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.
No es extraño, pues, que los hondureños huyan en masa de su país; de un Estado incapaz de garantizar sus derechos o procurar justicia porque las instituciones son controladas por el crimen organizado.
Honduras es crítico para Estados Unidos en materia de migración y combate al tráfico de drogas. Pero hoy Washington no tiene un interlocutor en Tegucigalpa y eso ya tampoco basta porque JOH no es el único problema: el sistema entero está podrido y ha perdido todas sus defensas.
Pero los juicios de Nueva York también develan la disonancia entre la agenda antidrogas y la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado estadounidense lleva años apoyando políticamente a un hombre que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) investiga por narcotráfico.
La semana pasada concluyó el juicio en Nueva York contra el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales aseguraron que el presidente Hernández prometió utilizar las fuerzas de seguridad de su país para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Cerraron el juicio llamando al presidente “coconspirador” del narcotráfico.
Nadie en Centroamérica se sorprendió. Hace mucho que sabemos que Honduras es un narco-Estado y que la familia presidencial ha estado involucrada en el crimen. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado en la misma corte y encontrado culpable de transportar cientos de toneladas de coca a Estados Unidos. Incluso marcaba sus paquetes con sus iniciales: T. H. Su hermana, Hilda Hernández, fue mencionada por testigos como receptora de fondos del narco para financiar campañas del presidente. Murió en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.
JOH tiene una larga carrera política. Fue diputado y presidente del congreso nacional y gobierna su país desde 2014. En 2017, maniobró para cambiar la constitución que prohibía la reelección. Necesitó de un fraude en las urnas para reelegirse. La Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció el resultado, pero el Departamento de Estado de Donald Trump legitimó su reelección. Para entonces, Estados Unidos ya conocía las actividades criminales de su aliado hondureño.
El principal testigo en los juicios ha sido Devis Leonel Rivera, el violento jefe del cartel de Los Cachiros, quien cooperaba con la DEA desde 2013 y se entregó en 2014. Confesó haber ordenado 78 asesinatos y ha detallado su relación con la familia Hernández y sus contribuciones a las campañas de otros dos presidentes hondureños: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.
Es decir: desde antes del inicio de la presidencia de JOH —y cuatro años antes de su fraudulenta reelección—, Estados Unidos tiene información sobre su involucramiento con el narcotráfico. Y esta información sigue ventilándose en Manhattan.
Los centroamericanos conocemos muy bien la divergencia entre distintas agencias estadounidenses. En tiempos de Jimmy Carter, mientras la Casa Blanca hablaba de la importancia de los derechos humanos, agentes de la CIA apoyaban actividades de grupos paramilitares anticomunistas proscritos por la Casa Blanca y por el Congreso. Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha.
Estas contradicciones alcanzaron el humor negro en diciembre de 2019. Tony Hernández, el hermano de JOH, ya había sido encontrado culpable de narcotráfico. Pero al presidente hondureño le llegó un tanque de oxígeno al firmar el acuerdo de tercer país seguro que la Casa Blanca le exigía y se encontró con el presidente Donald Trump en Florida, durante la conferencia anual del Consejo Nacional Estadounidense Israelí. Trump le agradeció y lo reconoció en su discurso: “El presidente de Honduras está trabajando de cerca con Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas como nunca antes se había hecho”.
Honduras fue siempre puente para el tráfico de drogas. Pero el narcotráfico se incrementó a partir de golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los hondureños es en que la influencia de Estados Unidos es tan grande que, si el gobierno de Barack Obama hubiera querido revertir el golpe, lo habría hecho. Pero Zelaya estaba demasiado cerca del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Desde entonces, los narcovuelos procedentes de Colombia y Venezuela se multiplicaron y tres meses después cayó asesinado el zar antidrogas hondureño, Julián Arístides González Irías. Y se aceleró la penetración criminal al Estado.
Es fácil analizar en retrospectiva a la política exterior de Obama y Trump, con las evidencias que hoy tenemos, y concluir que fue un grave error apostar a la estabilidad en Honduras apoyando a Juan Orlando Hernández por encima del Estado de derecho y del combate al crimen organizado y la corrupción. Esas decisiones no mejoraron la vulnerable situación de los hondureños sino, por el contrario, abrieron la puerta a que los grupos criminales controlaran el sistema.
El presidente Biden necesita cambiar la estrategia hacia Honduras pero primero debe combatir las inercias de la política exterior estadounidense. Abandonar la realpolitik que rigió las relaciones de sus antecesores con consecuencias lamentables.
Hernández concluye su mandato en enero del próximo año, pero extirpar el narcotráfico del Estado hondureño será mucho más difícil. Los carteles y las redes de corrupción han penetrado al ejército, a la policía, al sistema judicial, al Congreso, a los poderes locales, a parte de la prensa y a los partidos políticos. ¿Cómo se salva un país cuando su sistema ya no tiene capacidad de sanearse? Solo con una inyección externa.
Pero si de algo sirven las lecciones de la historia, Biden debe abandonar las soluciones diseñadas en Washington y buscarlas en concierto con la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Así salió Guatemala de una situación similar. Hace quince años, organizaciones criminales controlaban el Estado. La descomposición fue tal que el sistema ya no podía defenderse. Entonces recurrieron a las Naciones Unidas y así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Con el firme respaldo de la comunidad internacional, la Cicig reformó la fiscalía, depuró la policía, investigó y persiguió a las estructuras criminales que controlaban el Estado. Se ganó el apoyo de la sociedad civil guatemalteca, indispensable para avanzar. Tuvo tal éxito que logró la captura del general Otto Pérez Molina, entonces presidente del país y cabeza de una red de corrupción. La limpieza terminó cuando poderosos sectores de Guatemala lograron la salida de la Cicig con el apoyo de congresistas republicanos de Estados Unidos.
Honduras no tiene muchas opciones. Es hora de tocar otra vez las puertas de las Naciones Unidas. Biden podría liderar el esfuerzo y la presión para crear una Cicig en Honduras, administrada por la ONU (y no por la OEA, como el fallido experimento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se disolvió en 2020). Los hondureños merecen recuperar su país. Solo la comunidad internacional en conjunto puede hoy restaurar el Estado hondureño y garantizar que las estrategias de combate al narcotráfico y la corrupción no terminen otra vez enredadas con otras agendas políticas en Washington.
