Radio América. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, este miércoles lanzó duras críticas al sistema de justicia hondureño por permitir que la financiera Koriun Inversiones operara y creciera sin control, señalando que el caso refleja una profunda falla en la “institucionalidad” del país y una alarmante cultura de “impunidad”.
“Estas fallas de la institucionalidad del Estado nos preocupan. ¿Por qué dejaron que Koriun creciera tanto? ¿Por qué el Ministerio Público no asumió su responsabilidad desde el inicio?”, cuestionó Maldonado.
El defensor de derechos humanos dijo que existen indicios claros de delitos graves como “lavado de activos, fraude y estafa”, y al mismo tiempo criticó que hasta ahora solo se haya presentado requerimiento fiscal y orden de captura contra Iván Velásquez, presunto operador de la financiera, sin investigar a quienes están detrás del esquema de inversiones.
“Koriun operaba bajo una escritura de comerciante individual. Este muchacho Iván Velásquez parece ser un testaferro de los verdaderos responsables. ¿Dónde están los ejecutivos? ¿Quiénes son los inversionistas?”, preguntó Maldonado.
Dinero incautado
El titular del CODEH también criticó el manejo del dinero incautado durante la intervención a Koriun, revelando que se encontraron más de “340 millones de lempiras”, sin que hasta ahora se sepa a quién fueron entregados por las autoridades.
“Ese dinero debió usarse para honrar las deudas de los aportantes. ¿A quién le entregaron más de 300 millones de lempiras? ¿Dónde está ese dinero?”, inquirió.
El entrevistado advirtió que la impunidad se mantiene viva en el país porque “la justicia se aplica a medias” y mencionó que hay “políticos” involucrados en este esquema, y que espera que no pertenezcan al actual gobierno.
“El Ministerio Público debe llegar al fondo de las investigaciones y deducir, porque aquí hay políticos enredados en esto y ojalá que no sean de este gobierno”, señaló contundentemente.
Finalmente, Hugo Maldonado, lamentó que los aportantes solo estén recibiendo entre el 15 y 20% de lo que invirtieron, mientras los responsables siguen sin ser identificados ni capturados.
“La gente de Choloma está siendo engañada, y la justicia no da respuestas. Esto no puede seguir así”, concluyó.
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