Radio América. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este viernes la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), aprobadas en 2013 para atraer inversiones.
En ese contexto el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó, «estamos saludando la histórica decisión de la CSJ al declarar la inconstitucionalidad de las ZEDE porque tenía vicios de nulidad desde el principio».
«Creo que debemos seguir el lineamiento de nunca más la venta de nuestra patria y la violación de la soberanía nacional», arguyó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Régimen Especial económico
Ante señalamientos de opositores de que Honduras está expuesta a demandas internacionales por la derogación de las ZEDE, el parlamentario consideró que eso no sucederá. «Aunque son decisiones específicas del Poder Ejecutivo, «yo creo que el país encontrará las avenidas de diálogo para que estas inversiones se mantengan bajo un régimen especial económico, pero no como estaba planteado en las ZEDE», señaló.
«Nosotros esperábamos que la discusión se diera, pero no sabíamos cómo estaba la correlación de votos dentro de la Corte Suprema de Justicia, y dado que se aprobó, nos sentimos muy contentos como la mayoría del pueblo hondureño», expresó el legislador oficialista.
El economista pormenorizó que desde el principio se había hecho advertencias, y «que los inversionistas serios y responsables saben que una parte del territorio no puede tener una moneda diferente a la del territorio nacional, ni su propia Policía o tipos de impuestos, y eso tiene que establecerlo el país con la soberanía que lo caracteriza».
Demandas
Al ser consultado sobre si Honduras puede perder una demanda millonaria por la ZEDE PRÓSPERA, Hugo Noé respondió que no lo creen, al soslayar que «existe suficiente argumentación para señalar que desde el origen eso estaba viciado y que adicionalmente se había advertido a los inversionistas de que eso podía darse».
Además, el entrevistado afirmó que no hay ningún aspecto de expropiación ni disminuir los derechos de los inversionistas, pero no dentro de un marco denominado ZEDE, porque tienen otras características que no es posible aceptarlas.
«No podemos que en un pedazo de Honduras haya extraterritorialidad», enfatizó Hugo Noé.
Amnistía política
En cuanto a la discusión en la Corte Suprema de Justicia de la amnistía política que la oposición denomina «pacto de impunidad», el congresista dijo que se ha tejido una argumentación incorrecta, primero «partamos de la base de que estamos hablando de juicios que fueron incoados después del golpe de Estado, y que tenía motivación política».
Asimismo, «que no es una amnistía directa porque debe pasar ante un juez y cumplir determinados requisitos».
También debe tomarse en cuenta que en el marco del Golpe de Estado se dieron amnistías a los que hicieron violaciones de derechos humanos durante ese periodo».
«Si buscan que exista una homogenización, entonces deberían de quitarse las dos amnistías: las que se dieron para cubrir a políticos y militares que ocasionaron hasta asesinatos, y la amnistía actual que tiene una característica muy peculiar», refirió el entrevistado en Radio América.
Comunicado de la ZEDE PRÓSPERA
¿Se Protegerán las Inversiones de Buena Fe en Honduras?
Roatán, Honduras, 20 de septiembre de 2024 – A la luz de los recientes desarrollos legales, inversionistas de buena fe de Estados Unidos y de todo el mundo están profundamente preocupados por su futuro en Honduras.
Lo mismo sucede con miles de emprendedores, trabajadores hondureños y sus familias. Próspera desea seguir firme en su compromiso con el progreso y la prosperidad de Honduras.
Sin embargo, el camino a seguir para nuestra comunidad, compuesta por más de 1,800 e-residentes y 235 empresas registradas, es incierto y peligroso.
La confianza en la estabilidad legal se ha perdido. ¿Puede recuperarse esa confianza entre los inversionistas de buena fe en Honduras? Quizás comience reconociendo la importancia de establecer un marco claro para las inversiones existentes en las ZEDE; un marco que demuestre que los inversionistas de buena fe son bienvenidos, que proteja los medios de vida de nuestros trabajadores hondureños y sus familias, y que también salvaguarde a nuestros e-residentes y empresas registradas.
Detener bruscamente la creación de empleos, la innovación y la inversión no debería ser la única opción. Nuestra máxima prioridad es proteger a toda nuestra comunidad de partes interesadas que han apostado por el futuro de Honduras. La reputación de Honduras está en juego, y es esencial proteger la inversión de buena fe que ha contribuido a su crecimiento y desarrollo.
Información: Héctor Murillo
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