(EFE).- El operativo Metro Surge que el Gobierno de Donald Trump llevó a cabo el pasado enero en Minesota constituyó «una grave violación» de derechos civiles, con «arrestos violentos en hogares, centros de trabajo y espacios públicos sin órdenes judiciales», según un informe elaborado a partir de audiencias públicas organizadas por una coalición de grupos civiles.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió en diciembre del año pasado a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Minesota y, tras las protestas que eso provocó, desplegó hasta unos 4.000 agentes federales, convirtiendo la campaña en uno de los mayores operativos de control migratorio del paÃs, según el informe, al que tuvo acceso EFE y que se publica este martes.
OperativosÂ
Los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good murieron tras ser alcanzados por disparos durante el operativo, lo que avivó las protestas de repudio. En febrero, Trump anunció la retirada de 700 agentes y, a principios de marzo, redujo el despliegue, que dejó cerca de 4.000 arrestos. Trump también destituyó ese mes a la entonces secretaria de la DHS, Kristi Noem.
Con el objetivo de esclarecer todos estos hechos, una coalición de organizaciones civiles y comunitarias celebró una audiencia pública el pasado 10 de marzo, en la que se recogieron testimonios de vÃctimas, autoridades y organizaciones proinmigrantes.
Durante esta audiencia, se denunció un patrón de perfil racial, con «detenciones basadas en la apariencia, el idioma o el acento de las personas», de acuerdo con el informe.
«Muchos detenidos con procesos de asilo vigentes o documentación legal fueron arrestados de todas formas, en violación al debido proceso de ley», indica el texto.
También recoge denuncias de «desapariciones», en las que familiares y abogados tuvieron «dificultades para localizar a los detenidos» debido a prácticas como registros con nombres incorrectos o modificaciones intencionadas en los sistemas de identificación.
Violencia frente a niños y familias
Asimismo, se describen episodios de «uso de fuerza en presencia de menores». En uno de los casos citados, agentes sacaron por la fuerza a un padre de un vehÃculo mientras sus hijos presenciaban la detención, quedando solos en condiciones de frÃo extremo.
El documento señala además el uso de armas de control de multitudes, balas de goma y gases lacrimógenos durante algunos operativos, y recoge que en una redada en el norte de Mineápolis se emplearon granadas disuasorias.
Los testimonios también describen los tiroteos en los que Pretti y Good perdieron la vida, asà como la ausencia de investigaciones independientes y transparentes sobre dichas muertes.
Asimismo, se denuncian amenazas y actos de violencia dirigidos contra muchos otros observadores de derechos constitucionales.
El informe cita a Ben Berkman, abogado de derechos civiles que representa a la familia de Good, quien indicó que «existen muy pocas vÃas para exigir responsabilidad civil a los agentes federales, incluso cuando estos vulneran derechos constitucionales».
Según el texto, se han presentado 1.111 demandas ante tribunales federales en Minesota relacionadas con detenciones presuntamente ilegales, y la mayorÃa de los detenidos procedÃa de paÃses de América Latina, además de Laos y Somalia. El informe apunta a que el 76 % de los detenidos no tenÃa expediente criminal.
Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, asegura en los testimonios que Metro Surge costó unos 18 millones de dólares semanales.
«Cultura de la impunidad»
Por otra parte, una encuesta de la Cámara de Comercio Latina de Minesota reveló que el 86 % de los negocios se vieron afectados: el 44 % cerró temporalmente, el 28 % redujo sus servicios y más de la mitad perdió más del 50 % de sus ingresos debido al temor de los empleados de ir a trabajar y de los clientes de salir a la calle.
«Todos vimos los horrores de lo que ocurre cuando 4.000 agentes caen en ‘paracaÃdas’ en una ciudad pequeña para intimidar. Lo que oÃmos son historias que nunca llegan a la televisión, que dan contexto a las caricaturas que vimos en la televisión», explica a EFE Luis Miranda, miembro del comité organizador.
Agregó que en las audiencias pudo constatar cómo Trump ha utilizado las redadas «para aterrorizar a nuestras comunidades».
Este miércoles, el comité ha organizado una audiencia en la Universidad de Illinois en Chicago y luego le seguirá California.
El informe, que hace varias recomendaciones, concluye que existió una «alarmante» falta de supervisión federal y una «cultura de impunidad» en ICE durante el desarrollo de toda la operación. EFE
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