Radio América. Este día el Tribunal de Sentencias en Tegucigalpa inicia el juicio oral y público para los acusados en el caso Guapinol, en donde al menos ocho defensores del ambiente se les acusa de usurpación y daños a la empresa minera inversiones “Los Pinares”.
El abogado de los defensores de la comunidad de Guapinol, Omar Menjivar, hizo referencia en particular al caso de Jeremías Martínez quien se encuentra privado de libertad desde hace dos años luego que un juez le dictara auto de formal procesamiento.
El representante legal arguye que el líder campesino de 60 años, capturado en Tocoa en noviembre de 2018, no es la persona acusada sino un homónimo con el mismo nombre.
“Una de las pruebas que tiene la fiscalía es un álbum fotográfico y a quien se reconoce como Jeremías Martínez es otra persona, no la que vino a juicio”, expresó el profesional del derecho.
Menjivar es del criterio que este caso es utilizado de forma emblemática por el Ministerio Público y el Gobierno para ejemplarizar a quienes protestan y reclaman derechos ambientales en la zona del Aguán.
El abogado defensor indicó que el departamento de Colón es una región bastante controlada por poderes económicos (terratenientes) del país.
Detalló que la mina a la que se ha opuesto la población de Guapinol en Tocoa pertenece al señor Lenir Pérez, yerno del reconocido empresario Miguel Facussé, propietario de la mayorías de tierras productivas del Bajo Aguán.
El juicio oral sufrió un pequeño retraso, pues estaba programado a llevarse a cabo desde el lunes 22 de febrero hasta el viernes 25. “Se tuvo un inconveniente con la PGR por el contagio covid de una de sus representantes”, explicó.
El profesional derecho manifestó que el juez con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, Carlos Irías León le dictó prisión preventiva hace un tiempo atrás al líder campesino, Jeremías Martínez, pese a tener acreditado que se trataba de otra persona y a sabiendas que por esas faltas nadie se envía a prisión.
Los imputados se encuentran detenidos desde septiembre de 2019 en la cárcel de maxima seguridad conocida como “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.
Grupos de derechos humanos señalan que la justicia hondureña se ha prestado para desenvolver un proceso penal viciado y violatorio a los convenios internacionales de derechos de las personas.
