Radio América. Honduras vive un momento alarmante. Según un informe de InSight Crime, se registran 16 municipios con cultivos de coca, un aumento histórico que refleja la creciente influencia de las redes del narcotráfico en el país.
Ante eso, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reconoció la gravedad de la situación y la complicidad de sectores del Estado con estas organizaciones.
“Sin duda, las influencias directas de la criminalidad organizada en nuestro país han demostrado la vigencia de actuar de estas organizaciones criminales que data desde hace años y que en los últimos 15 años han sido escandalosas hasta la vigencia actual de lo que estamos viendo”, declaró.
El informe de InSight Crime subraya que, a pesar de los esfuerzos del gobierno hondureño, la falta de coordinación internacional, la corrupción y la impunidad alimentan el problema.
“Los esfuerzos que actualmente el gobierno ha hecho en materia de contrarrestar la criminalidad organizada y por supuesto el trabajo que ha hecho la defensa nacional y la policía para erradicar el problema es insuficiente”, admitió Villanueva.
Además, la doctora fue muy clara y admitió que “el involucramiento de personas o de la autoridad ha permitido que no podamos en alguna manera controlar este tipo de fenómeno”.
Zonas de plantación
Entre las regiones más afectadas se encuentran Olancho, Colón y Gracias a Dios, donde las plantaciones de coca se extienden incluso en zonas protegidas y de difícil acceso.
Villanueva destacó que “Honduras es un país con pobres recursos en los cuales se cree que se puede contrarrestar simplemente llegando a un lugar sin saber quién es el último respondiente”.
Lamentó además la falta de resultados concretos: “Lo que dice ese artículo es real, es claro y en las barbas de los policías, por complicidad de la misma autoridad, lo hacen”.
El informe de InSight Crime denuncia que, aunque se han reportado más de 461 hectáreas de cultivos ilícitos destruidas en operativos en los últimos dos años, la siembra de coca se sigue expandiendo, mostrando que la estrategia de erradicación no ataca las raíces del problema.
“Yo realmente pienso que cada vez que una institución quiere justificar un estado de excepción se les pide a todas las unidades cumplir metas, pero si no cumplen las metas, los allanamientos van a ser sometidos a auditorías y no a castigos. Desde ahí no creo en esos números”, sentenció la entrevistada.
A su vez, la funcionaria expresó su compromiso con la ciudadanía, aunque dejó claro que la corrupción sigue siendo el principal obstáculo.
“Estoy apoyando el cargo que me han puesto, dar seguridad a la ciudadanía. En ese orden de ideas es donde yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no estoy en temas políticos, estoy en temas de operaciones”, concluyó.
