Las familias de hondureños muertos por la COVID-19 en Estados Unidos están aprendiendo con dolor que «en nuestro país hay leyes, leyes y cantidad de leyes que no aplicamos», dice a Efe la diputada Edinora Brooks, que fue la promotora de una norma dirigida a ayudarles a repatriar sus restos.
«Estoy altamente frustrada», señala Brooks, que se encuentra en Florida para reunirse con las comunidades hondureñas como la Fundación 15 de Septiembre de Fort Lauderdale.
La diputada lamenta que no le «consta» que la «Ley temporal de apoyo a los migrantes hondureños en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus, mediante la repatriación de restos humanos cremados de hondureños fallecidos en el exterior», esté dando los frutos pretendidos y culpa de ello al Gobierno.
La norma entró el vigor el 18 de mayo pasado con el fin de que el trámite de reclamar la ayuda para la repatriación y obtenerla fuera más rápido que el de otra ley que también contempla ayudas para ese fin pero exige muchos requisitos a los posibles beneficiarios.
HONDUREÑOS EN EE.UU.
Se calcula que hay unos 1,5 millones de hondureños viviendo en el extranjero, la gran mayoría en Estados Unidos, los cuales envían remesas a sus familias que en 2019 sumaron 5.400 millones de dólares, lo que significa un 20 % del PIB del país.
En Florida, y especialmente en Fort Lauderdale, hay una comunidad de unos 350.000 hondureños.
Cuando se le pregunta si tiene alguna idea de cuántos hondureños han podido morir a causa de la COVID-19 en EE.UU, Brooks señala que no, pues es «imposible» obtener información de los hospitales, ya que no se pregunta nacionalidad a los enfermos que ingresan.
Además, muchos hondureños viven «escondidos» entre «las sombras» por miedo a la deportación, subraya Brooks, que pertenece a uno de los 17 grupos de indígenas y afrodescendientes que hay en Honduras y está afiliada al Partido Liberal.
El supervisor consular de la embajada de Honduras en Washington, Rafael Sierra, dice a Efe que tiene confirmados 45 fallecimientos de hondureños por la pandemia en EE.UU., pero «seguramente hay más».
Sierra señala que desde que la nueva ley entró en vigencia han recibido unas 14 solicitudes para repatriar a fallecidos por el nuevo coronavirus y 10 han obtenido respuesta afirmativa.
Los tiempos que marca la ley -dentro de las dos semanas después de la muerte debe hacerse la repatriación- son imposibles de cumplir cuando los certificados de defunción se demoran hasta un mes, alega.
LA LUCHA POR LLEVAR A HONDURAS A SUS MUERTOS
Uno de los hondureños víctimas de la COVID-19 en Estados Unidos era Marlon Alvarado, que vivía solo en Atlanta (Georgia) y tenía unos 30 años cuando murió el 9 de julio pasado.
Su tío Juan Carlos Alvarado, que reside en Richmond (California), dijo a Efe que la familia decidió invertir sus ahorros en incinerar el cuerpo de Juan Carlos para que pudiera ser llevado a Honduras y pagó más de 800 dólares por ello.
Ni en el consulado de Atlanta, donde, según cuenta, le dijeron que «el cuerpo no podía entrar en Honduras ni entero ni cremado», ni en la embajada en Washington ha encontrado Alvarado la solución para repatriar los restos, dice a Efe.
Otro caso es el de Marta Pineda, una mujer de 68 años, que llegó con una visa de turista a visitar a sus hijas y se tuvo que quedar en el país debido a la COVID-19, que acabó matándola hace cuatro semanas, según cuenta a Efe su yerno, Oscar Troches.
Pineda murió en un hospital de Carolina del Norte, al que sus familiares adeudan ahora 20.000 dólares, y la familia con mucho esfuerzo juntó más de 7.000 dólares para que una funeraria se encargara de repatriar los restos.
Pero la funeraria no ha podido lograr que en Honduras autoricen la entrada de los restos.
Cada día que el cuerpo pasa en la morgue deben pagar unos 175 dólares, pero las hijas de Pineda no quieren cremarla por motivos religiosos, dice Troches, que reside en Kansas solo con sus hijos, pues a su esposa la deportaron.
Troches, que es mecánico de maquinaria pesada, dice haber hablado con las autoridades consulares, pero, según cuenta, le dijeron que no podían ayudarles porque ellos ya habían contratado a la funeraria antes de pedir ampararse en la ley. EFE
