Las fuerzas armadas rusas han usado en al menos 24 ocasiones bombas de racimo, prohibidas por la ley internacional, contra áreas pobladas de Ucrania en las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, denunció hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Se han cometido además ataques indiscriminados contra hospitales, escuelas y otras infraestructuras que «están prohibidos por la ley humanitaria nacional y podrían constituir crímenes de guerra», añadió Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Convención sobre Municiones en Racimo, en vigor desde 2010, prohíbe el uso, desarrollo, fabricación y adquisición de este armamento debido a su impacto indiscriminado entre los civiles, aunque potencias como Rusia, Estados Unidos o China aún no lo han ratificado.
Bachelet afirmó que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige también está investigando denuncias sobre el uso de este armamento por parte del ejército de Ucrania, país que tampoco se ha adherido a la convención.
«El uso continuo de armamento explosivo con amplio impacto en zonas pobladas de Ucrania causa inmensa preocupación», destacó la expresidenta chilena, quien señaló que su oficina ha confirmado la muerte de al menos 1.189 civiles en el conflicto (entre ellos 108 niños).
«La cifra real seguramente es mucho mayor, ya que en lugares de intenso enfrentamiento, como Mariúpol y Volnovaja, es muy complicado tener una imagen completa de la situación», matizó la alta comisionada.
«Toda la población ucraniana está viviendo una pesadilla en la que millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas, esconderse en sótanos y en refugios antibombas, mientras sus ciudades son atacadas y destruidas», resumió Bachelet.
Su oficina ha verificado al menos 77 ataques a instalaciones médicas, incluyendo 50 hospitales, y ha comprobado un significativo aumento de la tasa de mortalidad entre civiles en ciudades bajo asedio, «atribuible probablemente a la interrupción de servicios médicos unida a las privaciones y el estrés propios de la guerra».
Bachelet añadió que su oficina está investigando denuncias de movimientos forzosos de población civil desde la ciudad asediada de Mariúpol a Rusia o territorios controlados por fuerzas prorrusas.
En los lugares bajo control ruso «se ha extendido ampliamente la detención de civiles que expresan públicamente su apoyo a Ucrania», afirmó la alta comisionada, aunque indicó que también se han recibido denuncias de asesinatos en Ucrania de al menos dos personas por expresar puntos de visa prorrusos.
Bachelet se mostró por otro lado «muy preocupada» por el maltrato que prisioneros de guerra parecen sufrir en ambos bandos, como muestran algunos vídeos publicados en internet y otros canales de acceso abierto.
La alta comisionada señaló que su oficina ha recibido denuncias de violencia sexual durante el conflicto, que incluyen violaciones, y lamentó la muerte de al menos siete periodistas que cubrían la guerra, mientras 22 reporteros y activistas de derechos humanos han desaparecido.
Bachelet también denunció en su intervención un aumento de la rusofobia en diversos países, mientras recalcó que en Ucrania «los civiles deben ser protegidos y debe permitirse libre tránsito a aquellos que deseen marcharse», mientras que los prisioneros de guerra «deben ser tratados con dignidad y respeto».
«Pido a la Federación Rusa que escuche el firme llamamiento de la Asamblea General de la ONU y de este Consejo de Derechos Humanos, y que inmediatamente retire sus tropas del territorio ucraniano», reiteró la alta comisionada. EFE
