Radio América. La abogada Fátima Mena de la Coalición contra la Corrupción señaló este martes que la pretensión de decretar por 10 años en secretividad las compras de emergencia durante la pandemia sólo permitirá que los delitos prescriban y continúen en la impunidad.
La reacción de la profesional del derecho se da en paralelo a la denuncia del actual diputado Luis Redondo quien en las últimas horas señaló en sus redes sociales que el Poder Legislativo mediante sesión virtual pretende aprobar un dictamen referente a la compra secreta de las vacunas para la Covid.
El congresista citó que se “opone totalmente” a que se declare secretividad por espacio de una década en los contratos del gobierno con proveedores y fabricantes de la vacuna anticovid.
“El Congreso Nacional que lidera Mauricio Oliva Herrera es un parlamento que únicamente se ha dedicado a generar herramientas de blindaje para las élites políticas económicas corruptas del país”, expresó.
Mena lamentó que se busque desde el Legislativo limitar el acceso a la información sobre las adquisiciones y compras realizadas en el marco de la pandemia en Honduras, entre ellas, mencionó el tema de los hospitales móviles, los equipos de ventilación y las mascarillas.
La jurista anticorrupción mencionó que casos como estos serían “clasificados” por un largo tiempo y tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no podrán tener acceso a ella.
“Cuando esta información quede desclasificada 10 años después muchos de los delitos como fraude, malversación de fondos y abuso de autoridad habrán prescrito. Las autoridades competentes aunque tenga la información no podrán judicializar ninguna causa contra los implicados”, advirtió.
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