Radio América. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el pasado 1 de abril a Honduras por la “destitución arbitraria” de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
Uno de los profesionales del derecho que representó ante la CorteIDH a los togados hondureños es de origen argentino y se refirió en exclusiva a la resolución emitida hace una semana.
Se trata de Ignacio Boulin Victoria quien junto a sus connacionales Lucas Gómez, Ignacio de Casas y Fabiola Cantú conocieron la causa en el ente de justicia internacional.
Boulin manifestó a Radio América que lo anterior debe ser considerado como “una lección institucional”, señalando a la vez que “se debe tener mucho cuidado” con la independencia judicial en vista que “es la base dentro de la cual se construye un país”.
“Lamentablemente en América Latina tiene distintas oportunidades y lecciones que ofrece la vía institucional, en la cual uno ve estos ceses masivos de jueces”, dijo, apuntando que lo anterior no es exclusivo de Honduras “pasa en muchas naciones”.
“La lección que creo que deja es muy relevante para todos los que tenemos esta cultura de buscar el poder a lo fuerte”, agregó el especialista en comunicación desde Sudamérica con esta casa de radio.
El jurista internacional indicó que la sentencia lo que le está marcando a Honduras es que su forma de buscar responsabilidad dentro de una autoridad alta, ya sea en una Suprema Corte u otro, tiene que ser ajustada a derecho, porque de lo contrario, pasa lo que sucedió en este caso.
Boulin es de la opinión que el pago de la demanda no es tan relevante como las otras medidas que dejan un Estado institucionalmente más sólido.
“La Corte lo que va a pedir es un acto de reconocimiento de responsabilidad, para lo cual hay seis meses, después está la modificación legal”, acotó.
Los profesionales de las ciencias jurídicas con especialidades en derechos humanos fueron contactados en 2014 por un amigo en común con la abogada Rosalinda Cruz de Williams.
Los jueces destituidos hace 12 años durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa son: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
Ellos habían fallado que era “inconstitucional” la depuración de la policía y otras acciones que buscaba la administración. La única jueza que respaldó el plan no fue removida.
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