Bruselas, 10 oct (EFE). – La Unión Europea (UE) decidió hoy declarar persona “non grata” a la jefa de la Misión de Nicaragua ante la UE, Zoila Müller, en respuesta “recíproca” a la reciente expulsión de la embajadora comunitaria en Managua, Bettina Muscheidt, decretada por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El Consejo de la UE -institución en la que están representados los 27 Estados miembros- informó en un comunicado de su decisión, a iniciativa del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de que la embajadora nicaragüense acreditada ante la Unión sea declarada persona «non grata”.
“Se trata de una respuesta recíproca a la decisión adoptada por el Gobierno nicaragüense el 28 de septiembre de declarar persona ‘non grata’ a la jefa de la Delegación de la UE en Nicaragua”, indicó el Consejo, que agrego que considera “injustificada” la decisión nicaragüense.
La UE también reafirmó su “continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos”, y destacó que la actual crisis política en Nicaragua “debe resolverse mediante un auténtico diálogo entre el Gobierno y la oposición”.
Por último, afirmó que “sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de forma respetuosa”.
El pasado 2 de octubre, Borrell consideró «injustificada y unilateral» la expulsión de la embajadora europea de Nicaragua y advirtió de que estas acciones «hostiles» afectarían a las relaciones bilaterales entre ese país centroamericano y los Estados miembros de la UE y le llevarían a “mayor aislamiento internacional”.
Entonces, avisó también de que la UE respondería “de manera firme y proporcional».
La noticia de la expulsión de la embajadora se dio después de que la delegación de la UE ante la ONU exhortara a Ortega a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense» y a «restaurar la democracia» en el país.
A mediados de septiembre, también el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución sobre la situación de Nicaragua, «en particular la detención del obispo Rolando Álvarez», en la que -entre otras cosas- exigió la liberación inmediata del líder religioso y de todos los «presos políticos».
Las relaciones entre Nicaragua y la UE se han mantenido tensas en los últimos cuatro años debido a sanciones establecidas por Europa a familiares y allegados del presidente, así como a funcionarios e instituciones del Gobierno, por señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE
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