Radio América. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, el Grupo Técnico de
formulación del PRDS y el Grupo Asesor, dieron a conocer las recomendaciones para el Plan de Reconstrucción Nacional Sostenible Después del paso por Honduras de las tormentas tropicales Eta e Iota.
IV. En conclusión
Reconocemos la inclusión de muchas de nuestras recomendaciones dentro del PRDS y en el
accionar general del gobierno con respecto a la reconstrucción. La relación de confianza que ha
persistido entre las partes ha sido la contribución final en el desarrollo exitoso de nuestras labores.
Sin embargo, vemos con preocupación que aún hay un largo camino por recorrer en el proceso de
reconstrucción del país, principalmente porque aún queda pendiente la construcción de las obras y
proyectos de gran envergadura que exige la innegable vulnerabilidad que tiene el país al cambio
climático.
Es por ello por lo que instamos al gobierno actual y en su momento al siguiente
gobierno, a mantener la visión de país que se ha tratado de articular durante estos cuatro meses y
que se le dé la merecida continuidad al Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS)
hasta su finalización.
V. Las recomendaciones
1. Las recomendaciones del Grupo Asesor se enfocaron en definir algunos principios rectores para
orientar la formulación y ejecución del PRDS: Transparencia en la información y manejo de recursos;
Participación ciudadana; Rendición de cuentas; y, Sostenibilidad económica, social y ambiental para
lograr resiliencia frente al cambio climático.
Asimismo, se incluyeron temas de especial interés para la ciudadanía hondureña, tanto en materia de criterios para la asignación de los recursos financieros, como del aprovechamiento de lecciones aprendidas para fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones futuras, ya sea por medio de políticas, programas y/o proyectos, sean públicos y/o privados, así como asegurar la participación equitativa de los ciudadanos en las oportunidades y el bienestar que podrían generarse.
2. Algunas de las recomendaciones enfatizan en la necesidad de focalizar y priorizar los proyectos
estratégicos para aprovechar el limitado espacio fiscal existente; otras, relacionadas con las acciones
preventivas urgentes requeridas de cara a la próxima temporada lluviosa, especialmente las
reparaciones de los bordos, limpieza de los canales de alivio y dragado de ríos, principalmente en el
Valle de Sula, remarcando que la sostenibilidad de las intervenciones requiere un cambio de enfoque 8
en el abordaje de los problemas ambientales, en la gestión del territorio y de los recursos suelos, bosque
y agua.
3. Uno de los temas de fundamental importancia para Honduras según el criterio del Grupo Asesor, se
refiere a la sostenibilidad, entendida ésta como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio
entre el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, diseñada en un
sentido integral y en su múltiple dimensión económica, social, e institucional y sobre todo, como un
proceso de cambio para configurar un nuevo estilo de desarrollo que se oriente hacia la perdurabilidad
de los recursos naturales, con un enfoque territorial, que considere los niveles local y regional,
conformado por el conjunto de los sistemas humanos y naturales en permanente interacción.
Bajo esta visión integral, la sostenibilidad social pone el foco de lo sostenible en el desarrollo de grupos sociales concretos, buscando fortalecer la cohesión y la estabilidad de las poblaciones. De ahí que su objetivo central sea la gestión responsable de los recursos, lo que significa garantizar que la actividad humana se desarrolle de una manera que no destruya el entorno de las comunidades donde se realiza.
4. Comenzando con lo inmediato, el Grupo Asesor determinó que se requieren acciones preventivas
urgentes para proteger al país de cara a la próxima temporada lluviosa, dados los pronósticos que
indican una alta probabilidad de ocurrencia de huracanes y tormentas tropicales en nuestra región en
2021. Estas acciones son:
4.1. Priorizar el aseguramiento y reforzamiento urgente de los bordos en el Valle de Sula.
4.2. Trabajar rápidamente en la rehabilitación de la infraestructura dañada, que incluye puentes,
carreteras y bordos.
4.3. Restablecer la red de drenajes tanto para ciudades como para campos de cultivos;
4.4. Realizar labores de dragado en los principales ríos, buscando las zonas donde esta labor produzca
los mayores beneficios.
4.5. Diseñar y aplicar mecanismos que incentiven la incorporación de las empresas en obras de
rehabilitación y reconstrucción, bajo la supervisión y dirección del sector público.
5. El Grupo Asesor también recomendó que la política ambiental e hidrológica debe constituirse en una
política nacional prioritaria.
En ese sentido, es necesario:
5.1. Someter a discusión y aprobación el proyecto de Ley de Consulta Previa, a fin de contar con un
medio equilibrado de resolución de conflictos en el uso de los recursos naturales del país.
5.2. Revisar, reformar y unificar la estructura institucional plasmada para la administración de los
recursos naturales en la Ley General de Aguas, la Ley Forestal, la Ley de Ordenamiento Territorial
y la Ley del Plan de Nación, para dar paso a una administración ordenada e incluyente bajo el
enfoque del manejo integral de las cuencas existentes en el país.
5.3. Esa administración ordenada debe emanar de una Autoridad de la Cuenca, donde se junten
municipalidades, organizaciones comunitarias, etnias, empresa privada, COPECO, el ICF y otras
partes interesadas. La Autoridad de la Cuenca actuaría como contraparte de SINAGER en la
gestión de los riesgos propios de la cuenca en todos sus niveles y debería contar con una unidad
ejecutiva técnica apoyada por la Academia, para evaluar y determinar el funcionamiento
hidrológico y meteorológico del área de la cuenca, incluyendo las zonas altas, con capacidades de
monitoreo ambiental.
Esta Autoridad podría establecer y administrar el canon por contratas de 9
agua que los grandes usuarios pagarían: Servicios municipales de agua, empresas regantes
agroindustriales, juntas de agua, productores de energía renovable por fuentes hidráulicas
(públicas y privadas) y otros grandes usuarios, lo que debería proveer los recursos para
rehabilitación de suelos, reforestación, mantenimiento de bordos y dragado de los cauces de los
ríos en la cuenca.
5.4. Fortalecer el SINAGER a través de la formulación de una política nacional de alerta temprana y
gestión de riesgos de desastres, determinando la función de cada institución en la atención de las
emergencias y realizando periódicamente simulacros de los diferentes escenarios de riesgos
posibles, la creación de la normativa nacional para la construcción y manejo de albergues,
relevamiento de estadísticas, la inclusión al currículo educativo de la gestión de riesgo de desastre
y la inclusión de recursos para adquirir un seguro para catástrofes dentro del presupuesto nacional
para proteger el patrimonio público estratégico.
6. Se sugirió considerar los siguientes elementos en el Plan de Reconstrucción Sostenible:
6.1. Intervenir el área territorial del Valle de Sula, con énfasis en el municipio de Choloma, el Sur y
Este de San Pedro Sula, con obras de mitigación y alivio a inundaciones, entre las cuales, las
represas de usos múltiples son la alternativa más viable para regular el caudal de los ríos
Chamelecón y Ulúa.
6.2. El Valle de Sula debe contar con una robusta infraestructura de gobernanza que delimite el uso
del agua y el caudal regulado para sus diversos usos, respaldada por las leyes y reglamentos
vigentes.
6.3. El sistema de embalses que se requiere ha sido identificado y priorizado, comprendiendo el
desarrollo de obras para el control de inundaciones y la gestión integrada de los recursos hídricos
para el desarrollo sostenible (represa El Tablón, represa Jicatuyo, sistema de canales de alivio y
bordos, represa Los Llanitos y optimizar de forma sostenible los usos (agua potable, riego y
energía) de la represa Francisco Morazán (El Cajón), el sistema debe servir de alivio al sector
agrícola y proteger las inversiones así como las zonas urbanas, apoyando el caudal ecológico que
favorezca las estrategias de cuidado y conservación de los ecosistemas marino costeros como
barreras de soporte frente al calentamiento global y cambio climático.
6.4. Se requiere realizar estudios para determinar el modelo de hidrograma de restitución de aforo de
caudal ecológico por al menos 20 años, trabajar en la Gestión Integral de Aguas Urbanas para la
ciudad de San Pedro Sula y otras medidas de gestión ambiental para mejorar la calidad de vida de
la población.
6.5. Dar prioridad a las represas en las cuencas que tienen impacto de gran caudal y además beneficios
sociales y demográficos para el país, evitando mezclar el tema energético con la gestión adecuada
del patrimonio hídrico y promoviendo una apropiada operación para garantizar la pertinencia
social y el valor patrimonial que se requiere para su cuidado y permanencia como un bien común.
6.6. El plan que se va a presentar a la comunidad internacional, debe enfocarse en los proyectos para
reparar los daños causados por las tormentas tropicales Eta y Iota y debe incluir una contribución
del país para su adaptación al cambio climático, como mínima contraparte al esfuerzo que se estará
solicitando a los países cooperantes.
7. El Grupo Asesor recomienda como indispensable que el país adquiera una capacidad permanente para
albergar adecuadamente y en forma temporal a las personas que pierden sus hogares como consecuencia 10
de desastres, designando en la política nacional de gestión de riesgos de desastre, la organización
responsable de identificar las características de los albergues existentes, su ubicación geográfica y
diseñar una logística para el traslado de las personas.
Los albergues podrían ser habilitados para poderse utilizar también como centros comunales, deportivos, recreativos y de salud cuando no estén cumpliendo su función protectora. Para determinar su ubicación, dimensionamiento y equipamiento se debe referir a los estándares de diseño existentes para ese fin. La gestión y administración de los albergues debería encomendarse a una organización permanente, como Caritas u otra organización similar, dotándola de los recursos necesarios
.
8. El Grupo Asesor considera que la sostenibilidad financiera del PRDS pasa por lo siguiente:
8.1. El Proceso de Reconstrucción se debe definir como de ejecución simultánea en todas sus etapas,
a saber, atención a la emergencia humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, donde las labores
de las dos primeras etapas le corresponde iniciar a la actual Administración y la reconstrucción
será una labor compartida entre esta y la Administración que iniciará en enero 2022.
8.2. Las actividades y recursos invertidos en cada etapa del PRDS deben estar claros para todos los
interesados, lo que puede lograrse al formular y publicar mensualmente la ejecución presupuestaria
de los programas y proyectos definidos para cada etapa, desglosado por responsable/ejecutor,
donde se especifiquen los recursos de cada fuente, incluyendo transferencias de fondos nacionales,
donaciones, crédito interno y externo, que se registre en forma separada dentro del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República, lo cual permitiría el cumplimiento de varios
objetivos:
a. Comunicar de manera transparente los proyectos ejecutados y el uso de los fondos.
b. Identificar los gastos de una sola vez y los que tendrán carácter recurrente e impacto sobre
el Presupuesto en los años siguientes, asociados a cada etapa del proceso, de manera que
la programación macro fiscal dimensione la brecha fiscal a llenar a partir de 2022 y el
espacio fiscal que será necesario generar para regresar al cumplimiento de los límites
establecidos en la LRF en 2022.
c. Otorgar visibilidad el detalle de los proyectos ejecutados en la etapa de rehabilitación para
poder establecer prioridades, necesidades de pre-inversión y mecanismos de ejecución
óptimos, de las obras que se ejecutarán durante la etapa de reconstrucción y orientar mejor
las decisiones de la comunidad internacional en sus compromisos de fondos.
d. Monitorear el cumplimiento efectivo de los compromisos de las fuentes de fondos por
medio del Equipo Técnico asignado dentro de la SGCG, con base en información
suministrada por SEFIN y por las demás instituciones del Gobierno que están ejecutando
proyectos en cada etapa.
e. Usar racionalmente el limitado espacio fiscal, dando prioridad a los gastos asociados a la
atención temprana de los contagiados por la pandemia, atención humanitaria de los
afectados por las Tormentas y a los proyectos de rehabilitación y reconstrucción.
f. Concluir en el más corto plazo posible la definición de la matriz de priorización, así como
el listado detallado de los proyectos asociados a la reconstrucción, por áreas de atención
y zonas.
g. El PRDS debe enmarcarse en un marco macro-fiscal de mediano plazo realizado con base
a las mejores estimaciones y mantenerse permanentemente actualizado, lo cual permitirá
ir administrando de forma más eficiente, el limitado espacio fiscal disponible y asegurarse 11
de que los proyectos prioritarios encuentren cabida en el Presupuesto. Dicho marco macrofiscal debe darse a conocer a la brevedad a fin de tener claridad de las acciones a seguir
para que el país se encamine paulatinamente en la ruta de sostenibilidad fiscal, que es tan
necesaria para asegurar una mayor protección social en materias de salud y educación,
permitiendo además reorientar el gasto hacia una mayor inversión para lograr una mayor
generación de empleo.
8.3. El Grupo Asesor manifestó que es inaceptable utilizar el espacio fiscal del presupuesto 2021 para
generar endeudamiento adicional para seguir cubriendo gastos de la ENEE, cuando no se ha
asegurado los recursos para la adquisición de la vacuna contra el COVID 19 ni para la reposición
o reparación de las viviendas dañadas. A pesar de que tanto el BCIE como el Banco Mundial tienen
en sus portafolios de crédito fondos asignados para financiar la adquisición de las vacunas contra
el COVID 19 y para una serie de proyectos en beneficio de la población afectada, estos fondos no
podrán ser utilizados si se persiste en utilizar el poco espacio fiscal disponible para realizar gastos
que no benefician directamente a la población, no están presupuestados, no tienen impacto
económico y van en contra de los compromisos internacionales del país.
En ese sentido es esencial orientar la estrategia para la reestructuración de la deuda externa hacia la conversión de esta deuda a términos concesionales, evitando nuevas contrataciones en términos comerciales, lo que aplica a la deuda asociada a la ENEE.
8.4. Además, que la crisis estructural, financiera y operativa del mercado eléctrico es un ancla para el
crecimiento económico. En cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y para
generar mayor espacio fiscal, Honduras debe cumplir los compromisos internacionales con el FMI
y otros organismos para ejecutar un programa ordenado de reorganización del sector eléctrico.
Tales compromisos incluyen la escisión de la ENEE en tres compañías especializadas en
Generación, Transmisión y Distribución de Electricidad, el fortalecimiento de la CREE y la
emisión de la normativa completa para el funcionamiento del sector; y la realización de la
licitación internacional para que varios operadores de la red de distribución compitan entre sí para
mejorar el servicio y reducir las pérdidas.
El tiempo que falta para el vencimiento del contrato de
EEH debe ser utilizado para preparar una liquidación ordenada del mismo mediante la
compensación de las obligaciones mutuas por incumplimientos de contratos y para realizar la
escisión de la ENEE, emitir la normativa faltante y realizar la licitación internacional de la
distribución.
8.5. Para aumentar el beneficio social del gasto público, el Gobierno puede generar espacio fiscal
adicional racionalizando la nómina salarial del sector público. Asimismo, se debe revisar y mejorar
el control de las exoneraciones fiscales a través de una evaluación de su impacto económico, en
función de su efecto en la inversión, exportaciones, generación de empleo, valor agregado y
consumo.
8.6. También sería recomendable introducir mejoras en la Ley de Responsabilidad Fiscal para revertir
la composición de la matriz del gasto gubernamental hacia un mayor peso de la inversión pública,
así como aplicar una estrategia de gestión pública del Presupuesto por resultados, para mejorar la
eficiencia y calidad de los programas de gasto, maximizando el nivel de servicios que se proveen
a la población y mejorando su eficacia en relación con los objetivos que deben cumplir con los
recursos asignados, sobre todo en los servicios de educación y salud, condicionando cualquier
incremento salarial al cumplimiento de indicadores de productividad.
12
8.7. El Grupo Asesor recomendó al Gobierno apoyar al sector al sector productivo del país en todas
sus ramas para disminuir el desempleo y mejorar el nivel de ingresos de los hogares, definiendo
políticas y normativas que incentiven y faciliten la inversión.
Dar especial atención al sector agropecuario en todo el país respecto al cambio climático, para atenuar la vulnerabilidad de la producción en el campo y garantizar la seguridad alimentaria del país; el sector agropecuario requiere de acceso al financiamiento e inversiones en infraestructura y rehabilitación de suelos.
En tal sentido, se necesita ampliar las inversiones elegibles bajo los programas disponibles para
financiamiento de los sectores productivos, especialmente de la agricultura, específicamente,
ampliar el programa Agrocrédito 8.7 para incorporar como actividades elegibles, las labores de
rehabilitación de suelos y reposición de sistemas de riesgo.
8.8. Se recomienda a la SAR, crear un régimen tributario simplificado y amigable para las empresas
agropecuarias, que incentive la formalidad, mayores inversiones y la generación de empleos
prósperos en el área rural.
Además, promover la transparencia en la información, la comunicación fluida entre el sector público y el sector privado, la seguridad jurídica y la competitividad.
8.9. Revisar el tema de simplificación administrativa y el financiamiento a la producción, asegurando
el uso efectivo de los recursos que se han designado para los fondos de garantía que maneja el
BANHPROVI, de manera que facilite recursos a la micro y pequeña empresa y permita la
recuperación de las medianas y grandes empresas, sin menoscabar la solvencia del sector
financiero.
9. Sobre el proceso de Priorización de Proyectos de la Reconstrucción de infraestructura Física se
recomendó:
9.1. Identificar y priorizar un listado de necesidades de obras de infraestructura que será necesario
ejecutar para reponer con obras definitivas aquellas que se rehabilitaron temporalmente y para
sustituir las que se dañaron definitivamente.
9.2. Mejorar la infraestructura para la prestación de servicios sociales.
9.3. Priorizar proyectos y trabajos relacionados con la sostenibilidad, como reconstrucción de
viviendas, reforestación de las cuencas y reubicación de poblaciones, todas las cuales demandarán
recursos y en algunos casos, fondos para pre-inversión que cubran las etapas de formulación,
evaluación y diseño de los proyectos.
9.4. Distribuir la ejecución en el tiempo, de conformidad con los recursos disponibles, la capacidad
instalada de proveedores con que se cuenta y el espacio fiscal existente. Es aconsejable considerar
la diversificación de los mecanismos de ejecución del PRDS, dando relevancia especial al rol que
pudiera jugar la empresa privada, las ONG y las municipalidades.
9.5. Para presentar este inventario de proyectos y el calendario de ejecución a la comunidad
internacional y a los inversionistas privados, será necesario lo siguiente:
a. Elaborar perfiles de cada proyecto bajo criterios de sostenibilidad
b. Proponer un mecanismo idóneo de ejecución o exponer con detalle las alternativas
actualmente disponibles, tanto públicas como privadas, que los cooperantes e
inversionistas puedan seleccionar.
c. Asignar a cada proyecto su categoría de prioridad, comenzando con los de mayor impacto
social. 13.
10. El Grupo Asesor manifiesta que es esencial promover la Transparencia y enfrentar decididamente la
Corrupción. Es de altísima prioridad que se garantice la transparencia en la utilización de los fondos
asignados a la ejecución de las etapas del proceso de reconstrucción. Para mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas se sugiere:
10.1. Invertir en mecanismos de vigilancia externa independiente, realizar y publicar auditorías
ex post independientes de los gastos ejecutados relacionados con la atención humanitaria a más
tardar cuatro meses después del cierre del año fiscal;
10.2. Fortalecer los sistemas electrónicos de contratación pública para frenar la corrupción,
promover y mejorar la competencia y usar una plataforma digital que le permita a la ciudadanía
monitorear el avance físico y financiero de los proyectos.
10.3. Evitar los conflictos de interés, a través de la publicación de la información sobre la
propiedad de las empresas adjudicatarias de contratos de ejecución y supervisión;
10.4. Garantizar la transparencia en la contratación publicando los contratos de adquisición
cuando se utilicen entidades privadas u organismos internacionales.
10.5. Incentivar la participación de los medios de comunicación como vigilantes de la
transparencia fiscal.
10.6. Realizar un compromiso público para asegurar que la asistencia de emergencia se utiliza
para resolver la crisis actual y promover un comportamiento ético de los titulares de la
administración pública.
10.7. Promover y comunicar el uso de estos mecanismos de transparencia entre los países
cooperantes que comprometan recursos financieros al proceso de reconstrucción.
10.8. Ampliar la declaración de gastos relacionados con la atención de la crisis, crear líneas
presupuestarias específicas para facilitar el seguimiento y la divulgación del gasto de la respuesta
a la emergencia y divulgar mensualmente los fondos liberados y los gastos incurridos en el portal
de SEFIN.
10.9. Garantizar la transparencia, participación competitiva y concordancia con las necesidades
del país, de los diferentes fideicomisos en operación y de otros que pudieran constituirse,
preservando la credibilidad de dicha figura como instrumento de movilización de recursos
financieros internos y externos, mejoramiento de la efectividad de la inversión gubernamental en
la ejecución de la inversión pública y la calidad de los servicios.
Reconocemos que los fideicomisos contratados por el Gobierno han sido mecanismos eficaces de ejecución de proyectos.
Sin embargo, debe asegurarse de que las condiciones de la contratación de los nuevos fideicomisos
que se están considerando como ejecutores de proyectos de la reconstrucción, permitan la total
revelación de información sobre los proyectos contratados, firmas ejecutoras, fondos asignados y
resultados obtenidos.
10.10. Certificar previamente el costo de los proyectos con firmas auditoras independientes para
evitar la sobrevaloración, haciendo prevalecer la competencia debida para la asignación de los
fideicomisos y los proyectos y que los requisitos deben asegurar la prevalencia de los intereses del
pueblo hondureño.
10.11. Asegurar la ejecución de estos proyectos mediante una negociación adecuada y correcta, a
través de un mecanismo de ejecución de calidad internacional.
10.12. La aprobación de instrumentos jurídicos que tienen un impacto en temas fundamentales
para la sociedad como lo son la situación del sector eléctrico y el control de inundaciones,
requieren un diseño técnico apropiado, estudios de evaluación económica, financiera y jurídica, 14
combinados con una apropiada gobernanza que articule los intereses de múltiples actores en
función del bien común.
Consideramos importante evitar que la urgencia vaya en detrimento de la
idoneidad técnica, económica, financiera, jurídica y política de los instrumentos que se aprueben
bajo la modalidad de políticas, medidas, acciones, programas y proyectos, ya sean de naturaleza
pública, privada o mixta.
10.13. El PRDS trasciende la gestión del actual Gobierno, por lo que se debe garantizar la
transparencia del proceso electoral en todas sus etapas, bajo un marco de reglas claras que den
certidumbre de los resultados y se respete el mandato de la ciudadanía, con el objeto de que el
partido que resulte ganador cuente con el respaldo ciudadano y capital político necesario para
ejecutarlo.
11. Se debe asegurar la participación ciudadana en la priorización de proyectos. La asignación de las
categorías de prioridad de los proyectos es un elemento crucial que requiere la participación de la
ciudadanía.
11.1. Consensuar y dar a conocer los principios para la priorización de los proyectos y dar
oportunidad a los pobladores de las comunidades afectadas, organizaciones sociales, civiles y
comunitarias, academia, asociaciones profesionales y organizaciones empresariales que
manifiesten sus opiniones, solicitudes, demandas, sugerencias, inquietudes y criterios en torno a
la selección de proyectos y asignación de fondos, sustentando las mismas con criterios objetivos
que permitan evaluarlas.
11.2. Habilitar una página web y/o sitios en redes sociales, donde los interesados puedan enviar
cualquier inquietud o manifestación al respecto de las prioridades propuestas.
11.3. Utilizar otros mecanismos, como reuniones o diálogos que se consideren oportunos a
llevarse a cabo por otros medios, con dichas partes interesadas.
11.4. Permitir a las personas y/u organizaciones poder dar seguimiento a la respuesta que han
recibido sus solicitudes, así como los criterios utilizados para sustentar las mismas.
12. El Grupo Asesor, para aumentar la efectividad y eficiencia de la ejecución del PRDS, considera
proponer la descentralización de los fondos para la ejecución de proyectos de inversión y programas de
vivienda hacia los Gobiernos Municipales, con el acompañamiento de las mancomunidades para lograr
menores costos, mayor eficiencia en ejecución, beneficio directo al ciudadano, reactivación económica,
dinamizar la economía local y posibilidad de una participación comunitaria en la supervisión del uso
transparente de los recursos. Asimismo, mantener, fortalecer y ampliar la cobertura de las transferencias
del Gobierno Central a los programas de contenido solidario para combatir la pobreza, fortalecer los triajes municipales para amortiguar el efecto de la pandemia y ejecutar proyectos de rehabilitación de la
infraestructura municipal, especialmente la red vial secundaria y terciaria que conecta las zonas productivas en los valles del interior.
VI. El Contexto Internacional
1. A raíz del impacto de la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota, los rezagos que nuestro
país presenta en su desarrollo económico, político y social se han profundizado. Las tasas de crecimiento
económico insuficientes y bajos niveles de bienestar, brechas en materia de inversión, productividad,
desigualdad, capacidades públicas y resiliencia al cambio climático se manifiestan en un aumento de la 15
pobreza y las desigualdades. Como consecuencia de estas condiciones, la inseguridad y la violencia siguen
siendo muy altas, con un impacto importante en la dinámica migratoria y convirtiéndose en obstáculos para
una política de desarrollo, de consolidación de la democracia y de construcción de una cultura de paz. La
migración responde a un proceso de erosión de medios de vida en ausencia de protección social ante
impactos de todo tipo, de hogares inmersos en patrones estructurales de baja inversión, productividad y
remuneraciones, fuerte presión demográfica y persistentes carencias.
2. Asimismo, prevalece la inestabilidad y la agitación política. La confianza en las instituciones
políticas se encuentra en un bajo nivel, que podría agravarse si no existe una respuesta adecuada en el
contexto de la crisis geopolítica y la redistribución del poder económico, político y militar entre las naciones
líderes. El desequilibrio del mapa político, facilita la llegada al poder de partidos de corte populista, o de
outsider sin capacidad de gestión gubernamental, con posiciones erráticas en temas fundamentales como
manejo de la economía, relaciones internacionales, seguridad y narcotráfico, situación que a la larga podría
desembocar en caos social, deterioro del clima de negocios y ambiente adverso a la inversión extranjera,
haciendo más lejana la posibilidad de prosperidad, y cuya válvula de escape es la migración, principalmente
hacia USA y en menor medida a España.
3. Frente a esa compleja situación, resulta fundamental fortalecer y consolidar las relaciones de
nuestro país con los principales cooperantes y organismos financieros internacionales: Estados Unidos,
Unión Europea, Japón, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros.
4. El Grupo Asesor, con el propósito de contribuir a asegurar la cooperación eficaz de la comunidad
internacional – como la del Grupo Consultivo Internacional para la reconstrucción del país – pero no se
limita a ella, sino que abarcando también la iniciativa del Gobierno de EUA para el desarrollo de los países
del Triángulo Norte, sugiere:
Concretar una alianza de Alto Nivel entre la empresa privada y la sociedad civil, en defensa de los
mejores intereses del país, para preparar una manifestación dirigida a la comunidad internacional a
fin de establecer la necesidad de que el país realice un proceso de transición política en el más
absoluto respeto a su legislación e institucionalidad, como paso previo a la resolución de su
problemática.
El documento recogería además, el sentir de la población de que por la coyuntura nacional actual,
Honduras no quede marginada en cuanto al acceso eventual a recursos que se aprueben para la
reconstrucción nacional, ya sean del Grupo Consultivo Internacional o de la cooperación para el
Triángulo Norte de parte de los EUA.
Se referirá a las “sanciones” que se piensen adoptar en contra del gobierno de Honduras o la espera
que se piense hacer en cuanto a la aprobación, asignación y puesta en marcha de proyectos de la
cooperación hasta conocer los resultados electorales de noviembre, en el sentido de que:
o No se castigue al pueblo hondureño, de por sí golpeado por la pandemia y los fenómenos
naturales de ETA y IOTA, siendo uno de los países con mayor impacto económico y social
debido a esos desafíos.
o Que la cooperación contribuya a superar las causas del subdesarrollo, incluidas la corrupción,
estado de derecho, gobernanza, amenazas de la narco-actividad e inseguridad causada por otras
formas de crimen organizado.
o Afinar una modalidad de cooperación donde algunas instituciones gubernamentales con
problemas de confiabilidad internacional, queden separadas en cuanto a la administración de 16
recursos y de posibilidades de redirección de los objetivos de la cooperación. Evidentemente el
gobierno deberá definir prioridades y aprobar los programas y proyectos, lo que se debe hacer
en consulta con la sociedad civil, como ha venido ocurriendo desde el establecimiento del
Grupo Asesor.
o Con ese mensaje, ese grupo representativo podría realizar las visitas y gestiones siguientes:
Equipos técnicos de los partidos políticos
G-16 y otras instituciones internacionales con sede en Tegucigalpa.
Gobierno español, como anfitrión de la reunión del Grupo Consultivo y miembro de
la UE.
Diversas instancias del Gobierno de EUA, Departamento de Estado, Senado, Cámara
de Representantes; a los think-tanks (Wilson Center, WOLA, Dialogo Interamericano
y otros).
12. Considerando la situación actual en el contexto internacional (cambio de administración y prioridades
en la agenda en USA, proyectos de ley en el Congreso y Senado de dicho país que buscan sancionar a
Honduras, falta de consenso entre los países del Triángulo Norte), sumado a grupos internos que actúan
adversamente a los intereses nacionales, con el propósito de conseguir el apoyo de la Cooperación
internacional (la polarización política de cara a las elecciones de noviembre de 2021, la dispersión en
la gestión gubernamental), este Grupo Asesor, en el propósito de conservar el apoyo de la cooperación
internacional, recomienda de manera muy responsable, gestionar a alto nivel y con el mayor detalle, la
asistencia de Honduras a la Cumbre Iberoamericana donde se planea presentar al PRDS.
13. Mientras tanto, recomendamos conservar y fortalecer el Grupo Técnico que se constituyó con apoyo
del BID y Naciones Unidas dentro de la SGCG para la Formulación del PRDS, junto con la instancia
de Alto Nivel, que conjuntamente con los representantes al más alto nivel del Gobierno, mantenga
vigente la comunicación con las principales instancias de la Cooperación.
Tegucigalpa, 9 de abril 2021