Radio América. En una manifestación, el diputado Luis Redondo, expresó, «lamentable que, en algunos casos, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), llega tarde cuando no hay pruebas, o temprano cuando no debe».
MANIFESTACIÓN
Con suma preocupación he visto publicaciones de numerosas denuncias durante la pandemia de COVID-19 – CORONAVIRUS en Honduras, que han sido dadas a conocer por medios de comunicación en el país como, por ejemplo, lo ocurrido recientemente con la publicación del día 25 de mayo de 2020, por diario LA PRENSA, en su sección de periodismo de Investigación con el titular siguiente: “Investigación; Invest, compró mascarillas 41% más caras a una ferretería local”.
Una publicación que no solo muestra el papel importante que los medios de comunicación juegan en el país, si no también se convierten en el registro de lo que muchas veces se queda en un secreto a voces y que no tiene el eco necesario para generar un alto a la corrupción.
No puedo menos que agradecer esta nota que se deriva de un periodismo de investigación que no solo es oportuno, sino que también nos hace un llamado a reaccionar a todos los ciudadanos y más aún en mi caso que tengo confiada la responsabilidad que me han dado los electores del departamento de Cortés, quienes somos a la vez los que más efectos estamos sufriendo de la pandemia, efectos que se verán reflejados en el resto del país, por ser nosotros los generamos el 69% del PIB, de esta oportuna publicación en la que el Ministerio Publico debe actuar de oficio, y en vista que; La corrupción persistente en las respuestas estatales hacia el COVID 19 que se organiza en la cúpula y en los más altos niveles de la toma de decisiones y que son cercanos a la familia presidencial.
Para el caso se denuncian que los funcionarios encargados de las compras forman parte de la trama para saquear los recursos aprobados para el combate del Covid 19 y ya que están emparentados con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, organismo encargado de monitorear esos fondos lo que demuestra la poca disposición de ese ente para que la transparencia en esos recursos se dé.
Existe conflicto de interés con las empresas de la familia del encargado de INVEST que son proveedores del Estado y se han visto favorecidos por la adjudicación de millonarios contratos.
Adicionalmente, los miembros de la familia presidencial han creado una estructura para malversar empréstitos en salud con fondos de los organismos internacionales que otorgan préstamos.
Inclusive, se da la promoción de sus representantes de confianza en los organismos de auditorías que durante la elección del Tribunal Superior de Cuentas quedaron evidenciados. Recuerdo claramente cuando entre los diputados hablábamos de las investigaciones reveladas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el 2016 que detallan cómo se drenaron 21 millones de lempiras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
No olvido cuando se promovió a José Juan Pineda Varela para el Tribunal Superior de Cuentas (cuando anteriormente fue secretario del INFOP).
De acuerdo con la institución anticorrupción, CNA; en su expediente CNA-DMCP-001-2016, se “avaló y autorizó la compra irregular o sobrevalorada del software y adiestramiento automotriz para la regional de Catacamas, Olancho”.
Se evidencia la vinculación en los documentos de la empresa que el CNA denunció en ese acto de corrupción.
Tampoco podemos ignorar que la hermana del titular de Invest es la esposa del hijo del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas.
Razón suficiente para manifestarme ante esta cámara en razón de que en base a que por PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD que resulta efectiva porque; “es antes” de que ocurran posibles hechos de corrupción, y aunque resultaren ser inocentes de los hechos denunciados, y que son de dominio público; POR ÉTICA, POR LA CREDIBILIDAD; — EN UN EVIDENTE CONFLICTO DE INTERESES—, inclusive posible nepotismo, esto nos lleva a una CRISIS DE INTEGRIDAD al ESTADO MISMO, por IRREGULARIDADES, en un PROBLEMA ETICO y de INTEGRIDAD, cuando existen evidentes cuestionamientos, inclusive con declaraciones públicas que son comprometedoras por el representante del ente rector.
Esto afecta enormemente la imagen del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS sobre su INTEGRIDAD, POR LO QUE ES PRUDENTE APARTARSE, pero no apartarse nombrando a otro para “no quemarse” y que termine este señalando responsabilidad en alguna otra dirección la responsabilidad de algún hecho, para el caso como lo manifestado por Don Jorge Bueso Arias y publicado también en diario La Prensa; que públicamente denuncio algunos hechos y estableció como referente el Fideicomiso del Banco de Occidente para compras en materia de salud que funciona desde hace años, tampoco podemos ignorar que claramente existe un vacío en la ley sobre esa dirección.
NO SE TRATA DE “TERNER QUE PROBAR” como se ha dicho en declaraciones; se trata de ÉTICA y de INTEGRIDAD, ya que esto: PONE TODAS LAS COMPRAS BAJO UN GRAN RIESGO POR CRISIS DE INTEGRIDAD, no es posible que evidentemente se demuestre que no quieren saber nada del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA o del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH, cuando debería existir una relación cordial con ellos, pues está en la misma ley.
Además, Honduras es suscriptor de la ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO, (OGP por sus siglas en inglés) que es una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover el gobierno abierto, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.
Pero lo establecido NO SE HA RESPETADO, les es fácil proveer la veeduría de las organizaciones sociales a las que con un compañero diputado llamamos; “YES SR.”, Esto no es para menos LA CRISIS DE INTEGRIDAD ES TAL QUE NO SE DA NINGUNA O POCA IMPORTANCIA A LA VERDADERA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y RENDICIÓN DE CUENTA. Ya que no hay ni ETICA ni INTEGRIDAD y descansan sobre un PARAÍSO DE IMPUNIDAD.
La confianza social esta quebrantada, NO HAY CONFIANZA EN LOS ORGANISMOS y esto GENERA DESORDEN, limita la participación, la libre competencia, y ES QUE NO VEN o NO QUIEREN VER “EL GRAVE DAÑO QUE LE HACEN AL PAIS” es lamentable que lo saben y están conscientes.
ESTO NO PUEDE SEGUIR ASI, deben apartarse hay conflicto de intereses, inclusive aparente control sobre colegas y subordinados, DEBEN APARTARSE Y TAMBIEN LAS PERSONAS QUE HAN NOMBRADO, incluyendo LOS JEFES DE EQUIPO, POR EJEMPLO. Y no deben dejar nombrado a otro que actúe en su nombre, que vendría a hacer lo mismo. En mi opinión es lamentable el EGO implícito en esto y la evidente violación contenida en las disposiciones generales de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, particularmente en el Fondo Departamental (que no comparto).
Es necesario detener los pasos agigantados de una crisis latente, que debilita los procesos de veeduría social y anticorrupción ante las declaraciones públicas donde a pesar de sus funciones hay posiciones tácitas, lo que le vuelven imparcial y dejan ver que tiene interés que no se encuentre irregularidad para que se fortalezca su declaración, que solo refleja perjuicio a la ciudadanía. Se debe trabajar en concordancia con los acuerdos suscritos en las convenciones de la OEA y ONU.
Tal es el caso que una Unidad de auditoria interna que tiene un informe notarial, es la primera que debe estar tal como lo establece el artículo 51 de la reforma de la ley del TSC, donde no se puede ser juez y parte. En el caso de auditoria especial, me pregunto ¿quiénes del TSC y ASJ están autorizados para firmar un acta?, ¿es que no ven que tienen responsabilidad al haber sido parte? en la referida publicación de Diario La Prensa.
Es lamentable que, en algunos casos, el TSC llega tarde cuando no hay pruebas o temprano cuando no debe. No olvidemos que TSC es a posteriori, sigo preguntándome ¿por qué TSC firma un acta?, LO QUE DEBEN HACER ES UNA AUDITORIA ESPECIAL, tampoco un representante del TSC no pude expresarse públicamente como ha sucedido, un auditor SIEMPRE debe permanecer investigando el hecho, repito con esta publicación que menciono el Ministerio Publico debe iniciar una investigación.
Cómo por ejemplo la denuncia pública que: “se borró del sitio de INVEST documento/información donde aparece como enlace el hijo del de magistrado actual presidente del Tribunal Superior de Cuentas”. ¿POR QUÉ?”.
A través de esta manifestación sugiero respetuosamente que: Se deben apartar, hacerse a un lado tanto de la investigación, como las compras, si no; ellos informe(s) que emitan no tendrá ni integridad, ni objetividad; el producto no tendrá credibilidad. Recordemos que el informe que emiten tiene responsabilidades, y se verá afectado, no parecerá objetivo ni creíble.
Mi manifestación refleja lo que está sucediendo y es que: SE HA PERDIDO LA CONFIANZA y ESO ES GRAVE para el PAIS.
Información: Rony Salinas
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La manifestación del parlamentario Redondo fue suspendida cuando estaba siendo leída.
