Radio América – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) presentaron este lunes el noveno caso de corrupción denominado «Fraude sobre el Gualcarque». Caso de investigación y revelaciones
La lÃnea de investigación surge de las denuncias de la lÃder indÃgena y ambientalista Berta Cáceres (antes de ser asesinada el 2 de marzo de 2016), por irregularidades que supuestamente se dieron en la concesión para la construcción de la represa «Agua Zarca» ejecutada por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el rÃo Gualcarque, una fuente sagrada para la etnia lenca.
Según la lectura del caso por parte de la fiscal de la MACCIH, MarÃa Calderón, hubo irregularidades administrativas en la concesión de ese proyecto hidroeléctrico.
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Requerimiento «Fraude sobre el Gualcarque»
La UFECIC-MP ya ha presentado requerimiento fiscal en los Juzgados en Materia de Corrupción contra 16 presuntos implicados en este caso, entre ellos exfuncionarios de la ENEE, SecretarÃa del Medio Ambiente (Serna y ahora Mi Ambiente) y representantes de DESA.
Los imputados son: Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinoza MejÃa, Ana Lourdes MartÃnez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, DarÃo Roberto Cardona Valle, Mauricio FermÃn Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velázquez Rivera, Roberto AnÃbal MartÃnez Lozano (exgerente de la ENEE), Roberto David Castillo MejÃa (expresidente ejecutivo de DESA), Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta e Isaida Odilia Pinel.
Estas personas son acusadas penalmente por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, por su presunta colusión para favorecer a Desa.
Berta habÃa denunciado que ejecutivos de DESA la amenazaban de muerte por detener con movilizaciones indÃgenas la construcción de una hidroeléctrica en el rÃo Gualcarque, en territorio del pueblo amerindio lenca.
Siete personas, incluido un ejecutivo de DESA, fueron condenadas por el asesinato de Cáceres, cometido por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza, Intibucá, la medianoche del 2 de marzo.