El diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara, Mario Pérez, aseguró que el caso de la empresa Koriun Inversiones representa una serie de delitos graves, entre ellos estafa colectiva, lavado de activos y posible criminalidad organizada y afirmó que el marco legal vigente permite castigar estas conductas con severidad.
“El mejor ejemplo de que la ley penal está operando es que el gerente de Koriun está preso, acusado de los delitos que cometió según el Ministerio Público y el juez de instrucción”, dijo Pérez, refutando los señalamientos de que el Código Penal actual habría eliminado delitos aplicables al caso.
El congresista explicó que, a simple vista, lo ocurrido podría calificarse como una estafa masiva en la que los fondos obtenidos fueron posteriormente blanqueados, lo cual constituye lavado de activos. Además, señaló que todo se habría ejecutado dentro de un esquema de criminalidad organizada, lo que agrava aún más la situación jurídica de los implicados.
Pérez también afirmó que el nuevo Código Penal incluye un capítulo específico sobre delitos financieros, lo que refuerza las herramientas jurídicas para perseguir casos como este. “No se ha eliminado ningún delito; al contrario, ahora tenemos figuras como el pánico financiero, que antes no existían”, puntualizó.
En el Bajo Aguán, la fiscalía reporta dos condenas y 13 personas imputadas en varios procesos instruidos por los agentes de los tribunales adscritos a las fiscalías locales de Olanchito, Tocoa y Trujillo.#RadioAmérica #Honduras #AméricaNoticias
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— Radio América HN (@radioamericahn) May 21, 2025
Congreso se deslinda de posibles indemnizaciones a afectados
Sobre las penas que podrían enfrentar los involucrados, el parlamentario advirtió que, si cada afectado interpone una denuncia individual por estafa, los responsables podrían enfrentar una condena de por vida. “El código establece que deben cumplir una pena tras otra. Imagínese si se suman los diferentes delitos”, explicó.
Finalmente, descartó la posibilidad de que el Congreso Nacional intervenga para indemnizar a los inversionistas afectados. “No hay forma de que eso se discuta aquí. Sería una aberración jurídica. Si el Ejecutivo quiere hacerlo, será bajo su total responsabilidad, pero que no involucren al Congreso”, concluyó.
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